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Casi la mitad de los pisos de la Junta está en mal estado

La Consejería de Fomento y Vivienda no arreglará sus edificios si hay ocupas o morosos, pese a que el 49% de los inquilinos tiene deudas por impago del alquiler

  • Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, en los pasillos del Parlamento
    Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, en los pasillos del Parlamento
Marta M. Reca.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

21 de mayo de 2017. 21:21h

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Con numerosas deficiencias, sin accesos adecuados y con un gasto energético disparado por la mala calidad de la construcción. Esa descripción encaja con casi la mitad de los pisos que la Junta de Andalucía alquila a familias en una mala situación económica y social, viviendas en la gran mayoría con un alquiler bonificado, cuya media es de 34 euros al mes. El «Plan de mejora y mantenimiento del parque público residencial», elaborado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), deja al descubierto el pésimo estado de conservación de los edificios que gestiona la Consejería de Fomento y Vivienda, en total 50.250 viviendas. Las inspecciones técnicas revelaron que el 45% de esos edificios acumulan desperfectos que dificultan su habitabilidad, llegando en el 10% de los casos a afectar directamente a la estructura del inmueble y por tanto a su seguridad. Las más comunes se detectaron en las fachadas y cerramientos verticales (43,5%), en las zonas compartidas (25%) y en las cubiertas (18,5%).

Ante este panorama, el plan de la AVRA plantea un esfuerzo inversor que supondrá cuadruplicar las actuaciones realizadas hasta el momento para mantener un parque con una antigüedad media de 22 años –solo el 20% se construyó después del año 2000, antes de que rigieran las nuevas normativas de la construcción–. Esto redunda en otro de los factores analizados, la eficiencia energética. El mal aislamiento y la calidad de los materiales provocan un mayor gasto a las familias, que llegan a pagar el doble para mantener su vivienda aclimatada: el 43% de los pisos examinados obtuvo una calificación F o G (A es la mejor), disparando su gasto energético «hasta un 125% más», según recoge el documento. El peor balance atañe a la accesibilidad, prácticamente nula: el 93% de las viviendas requieren reformas para ajustarse a la normativa. Y seguirán así en su mayor parte, porque la previsión de la Junta es que en los próximos cuatro años se modifiquen 5.800 como máximo, con un presupuesto de 46 millones supeditado a que haya financiación disponible.

El plan detalla que para la conservación se aplicarán «filtros» para priorizar a los más necesitados, atendiendo a la antigüedad, el número de plantas o el estado actual de cada edificio. Esos filtros servirán además para excluir de las actuaciones de mejora a centenares de inquilinos que cumplen con sus obligaciones de pago puntualmente al haber incluido la consejería dos «factores» adicionales: la morosidad y la ocupación ilegal. Si el inmueble en cuestión tiene tres vecinos de diez que no pagan el alquiler –o un porcentaje equivalente– no se hará obra alguna. Tampoco si en un edificio de veinte viviendas hubiera dos ocupadas ilegalmente –cuya incidencia no refiere la Junta en su detallado plan–. Automáticamente, quedarán excluidos de cualquier actuación de mejora. Esto, teniendo en cuenta que la mitad de los inquilinos carga con deudas por impago –el 49% según el porcentaje facilitado por la consejería–, un índice que se mantiene invariable, provocará daños colaterales a sus vecinos.

Para cumplir con su calendario, la consejería deberá invertir una media de cuarenta millones de euros por año hasta 2020. Esa previsión supone multiplicar por cuatro la cantidad destinada en los últimos quince años, cuando gastaba en mantenimiento diez millones anuales. De momento, la primera evaluación la ha suspendido. Los 31,8 millones comprometidos en mejorar sus viviendas en 2016 se han quedado en solo 7,5. El resto, 24 millones, lo hará a lo largo de este ejercicio y afectará a 2.880 pisos.

Precisamente este año soportará el mayor volumen de gasto, con obras que deben superar los 55 millones de presupuesto. La mayor parte saldrá de los fondos para áreas de regeneración y renovación urbanas (Arrus), 43 millones, procedentes del Gobierno y la Unión Europea, y otros 12,5 de las actuaciones para mejorar la eficiencia energética y los entornos urbanos.

El histórico del dinero destinado al cuidado de los pisos y viviendas unifamiliares de la Junta evidencia la gran dejadez en este sentido, contribuyendo a su progresivo deterioro hasta las condiciones actuales. Entre los años 2002 y 2015 se invirtieron 140,8 millones. En los cuatro años que quedan por delante se destinarán 168 millones de euros, una previsión muy ambiciosa que depende casi por completo de líneas de ayudas externas. De fondos propios, la AVRA contempla reservar 4,5 millones al año para imprevistos, pudiendo afrontar reparaciones por reclamación de daños y para adecuar las viviendas cuando se queden vacías. En las actuaciones programadas, el presupuesto arrancará con los dos millones de este ejercicio e irá aumentando 500.000 euros por año, hasta los 3,5 millones en 2020.

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