El SAS pagará 240.000 euros a otro ente de la Junta por un banco de directivos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha encomendado a otro ente de la Junta, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el desarrollo de las medidas técnicas, de gestión y organizativas necesarias para llevar a cabo un registro de los candidatos que puedan desempeñar puestos directivos en el primero. Es decir, el SAS ha encargado a otra entidad que le confeccione un banco de directivos. ¿Cuánto pagará por él? 240.005,20 euros, que se abonarán de forma fraccionada. El primer pago, de 48.661,95 euros, se llevó a cabo a la firma de la encomienda –la resolución que la oficializa está fechada el 11 de diciembre de 2015–. El segundo se ejecutará el 31 de octubre de 2016 por 48.661,95; un tercero se realizará el mismo día de 2017, en esa ocasión por 56.100,50 euros; el cuarto a 31 de octubre de 2018 por 43.730,30 y el quinto y último, esa jornada de 2019, por 42.850,50, según el calendario previsto. Se ingresarán en una cuenta bancaria abierta a nombre de la escuela.

Para el seguimiento de la ejecución del trabajo se designará una comisión constituida por tres representantes del SAS y otros dos de la propia EASP. En la resolución, rubricada por el director-gerente del Servicio Andaluz de Salud, José Manuel Aranda, se contempla además la opción de que la escuela pueda concertar con terceros la realización parcial de lo encomendado en un porcentaje máximo del 25 por ciento de la cuantía global.

El sindicato CSIF-A no entiende «qué necesidad hay de destinar ese dinero a eso». «Me parece una pasada, aunque se haya hecho antes, que se tenga que dar una encomienda de este tipo, con la de problemas por resolver que existen», resume el presidente del sector de Sanidad de la organización, Javier Martínez, quien aprovecha para reivindicar que en la elección de los directivos se tenga en cuenta que sean «profesionales de la gestión, no de la política».

Para el secretario general de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO-A, Humberto Muñoz, «la profesionalización de los directivos del SAS es una buena medida y, ya que se avanza en los perfiles competenciales de los trabajadores en numerosos ámbitos», sería «extraño», a su juicio, que no se hiciera «en el de las personas que puedan asumir responsabilidades de dirección de plantillas y de gestión de recursos públicos». Si bien, considera que el banco de directivos «no servirá de nada», si no hay «una normativa consensuada que establezca claramente que serán estos perfiles competenciales los que determinen cada uno de los nombramientos que se hayan de producir» y no, «el ‘dedo’ de los servicios centrales del SAS o de la consejería», como ha ocurrido «hasta ahora». Cree que el gasto de la encomienda es «relativamente elevado», pero con él se «contribuye» a la «sostenibilidad y viabilidad» de una empresa pública y «de sus trabajadores». «Habría que esperar –remata Múñoz– la misma disponibilidad y generosidad del SAS para invertir los recursos necesarios en restituir los derechos laborales y los salarios recortados por la Junta en los pasados años y valorar si este objetivo no debiera ser prioritario en relación al de crear un banco-registro de personas directivas». Una idea que comparte el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Sánchez, para quien «el restablecimiento de esos derechos constitucionales debería primar sobre estos encargos».