Exigen que se investigue a las otras empresas del concurso del Infoca

Ecologistas en Acción conoce el fondo de las cenagosas aguas que el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla está removiendo en el ámbito del «caso Infoca», que arrancó con la denuncia de un funcionario sobre el presunto amaño en la adjudicación de medios aéreos para el dispositivo que da nombre a la causa.

Ecologistas en Acción conoce el fondo de las cenagosas aguas que el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla está removiendo en el ámbito del «caso Infoca», que arrancó con la denuncia de un funcionario sobre el presunto amaño en la adjudicación de medios aéreos para el dispositivo que da nombre a la causa, porque está personado en el proceso. Uno de sus miembros, Armando Cáceres, no duda en calificar de «deplorable» lo desvelado hasta ahora del sumario y exige que «se investigue» no sólo a Faasa, empresa en la que se ha centrado de momento el grueso de las pesquisas policiales, sino también «al resto de las que se repartieron los cinco lotes de los medios aéreos del Infoca –Saeta, Trabajos Aéreos Espejo e Inaer–».

«Lo que ha ocurrido», asevera a LA RAZÓN, «va en perjuicio de las condiciones de trabajo de los bomberos forestales que realizan sus funciones con carencias denunciadas por el propio colectivo, así como de la prevención de los incendios forestales». De hecho, Cáceres denuncia que «este año no se han realizado todos los cortafuegos que se tenían que hacer en las fincas públicas ni se han limpiado las cunetas», entre otras cuestiones, por esa «falta de medios» que no parece afectar a ciertas contratas como la investigada por el órgano judicial que dirige la jueza María de los Reyes Flores.

Cree «incomprensible» que a estas alturas y «con la que está cayendo», se mantenga en sus puestos a «los responsables de estos desmanes y no hayan dimitido los políticos responsables». «Me refiero –concreta– al director del Centro Operativo Regional (COR) Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Juan Ernesto Esteso, al director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, a la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Belén Gualda, y a todos aquellos políticos anteriores que hayan tenido implicaciones en lo que se describe en los informes policiales», remata el activista.

Investigación

De momento, una de las líneas seguidas por la Policía sobre Faasa en el marco de esta causa ha consistido en analizar si esta compañía ha declarado correctamente al fisco el importe de las distintas partidas de subvenciones que ha recibido por parte de la Junta y su conclusión fue que existían «desajustes». En un oficio del pasado verano al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los investigadores transmitieron al juzgado que albergaban dudas acerca de la clave con la que debían haber sido declaradas las ayudas ante la Agencia Tributaria (AEAT). Si bien, en su atestado aseveran que, operando con las dos posibilidades existentes –que se consideren ayudas las cuantías consignadas con la clave D además de las de E en el modelo 347 que recoge las operaciones con terceros; o que sólo se entiendan así las E–, lo que resulta es que las cantidades de las que informó Faasa «no casan en absoluto» con lo aportado por el «servicio de Intervención» de la Administración autonómica como «concedido a Faasa en concepto de subvención (ya sea de IDEA ya sea de formación)» para el periodo 2005/2012.

Y ello, estimando incluso «el hecho de que los expedientes reflejados», pese a pertenecer a un año determinado, «hayan podido ser ingresados a la mercantil» en otros «posteriores». «Dicho sumatorio –se asevera en el atestado policial– tampoco coincide en absoluto». «Entenderíamos dentro de lo que podrían considerarse variaciones aceptables, que dichas cantidades difiriesen ligeramente, pudiendo aceptar errores humanos en la declaración o desajustes en las fechas de ingresos, pero tal descompensación entre la cuantía de dinero que la Junta de Andalucía reconoce haber facilitado a Faasa en concepto de subvenciones y la que la mercantil declara ante la AEAT como recibida no parece, al menos en primer momento, admisible», sostienen los investigadores. Y es que, según consta en una tabla que forma parte del oficio, lo reconocido por la Intervención entre 2005 y 2012 asciende a 9.521.733,84 euros, mientras lo admitido por la empresa, según la Policía, es de 15.389.460,54, si se tiene en cuenta sólo lo anotado con la clave E; y de 88.246.425,36, si se consideran D más E. Es decir, el descuadre sería en un caso de más de 5,8 millones de euros y en otro de más de 78,7.

Fuentes de la empresa quieren dejar claro, por su parte, su «interés permanente» por «poder colaborar en la investigación» judicial, como han hecho «cada vez» que ésta se les «ha requerido». Es más, aseguran a este periódico que han aportado un informe para «esclarecer» ese asunto a la Policía en el que se explicaba que las subvenciones percibidas por Faasa, ya sean de explotación o de capital, «se han imputado como ingreso contable conforme» a lo que establecen las normas, para trasladarlo luego a «la base imponible del impuesto sobre sociedades para su tributación». Se trata del único canon que se vería afectado, ya que esos fondos «no afectan al IVA». Subrayan, asimismo, que la sociedad «ha declarado y tributado por todas» las ayudas que le otorgó el Gobierno andaluz, punto que afirman se «ha acreditado con la aportación parcial» a los agentes de «la memoria de la sociedad elaborada por la sociedad KPMG Auditores», así como de la «memoria e informe de auditoría de los estados contables y financieros» de la compañía.

A ello suman que Faasa «ha incluido» los datos relativos a las subvenciones públicas o a cualquier otra operación realizada en el ejercicio de su actividad empresarial «en el modelo 347» conforme a «la información contable en su poder y criterio». Por último, las mismas fuentes hacen hincapié en que «el tratamiento contable y tributario» de las ayudas ontenidas por la mercantil cordobesa «ha sido el establecido en la normativa contable y tributaria» y la AEAT «nunca» les ha trasladado comunicación alguna encaminada a comprobarlo, como sí ha podido pasar con «otros conceptos». El caso aún sigue abierto.