domingo, 04 diciembre 2016
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Andalucía

Andalucía / Corrupción en Andalucía

La acusación del PP solicita dos años de cárcel para Chaves y ocho para Griñán

  • Reclama 22 y 42 años de inhabilitación para los ex presidentes, respectivamente, y una multa de 36.000 euros

Manuel Chaves en una imagen de archivo
Manuel Chaves en una imagen de archivo
Manuel Olmedo

La acusación popular que ejerce el PP en el «caso ERE» no sólo se suma a la petición de penas de la Fiscalía, sino que la eleva. El PP-A mantiene en el informe de conclusiones, presentado ayer, que la responsabilidad de «la trama de los ERE» corresponde a la cúpula del PSOE-A y no fue iniciativa de un único alto cargo en solitario. Los populares sostienen el criterio de la Fiscalía en cuanto a la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por parte de un numeroso grupo de ex altos cargos socialistas y, asimismo, considera también la comisión de un presunto delito de asociación ilícita (que supone los dos años más de pena y una multa de 36.000 euros), citando lo sostenido en diferentes momentos del proceso por las instancias judiciales, que ya aludieron a la existencia de «un concierto de todos los encausados para delinquir». «Nadie se cree que estemos ante una trama ideada y mantenida durante diez años por un director general», señaló la número dos del PP-A, Loles López. El PP eleva, además, la cuantía del dinero defraudado a 1.280 millones, como estableció la Cámara de Cuentas y «nadie ha desacreditado todavía». La formación popular solicita dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 inhabilitado para Griñán, ambos procesados en una pieza abierta junto a otros 24 ex altos cargos de la Administración.

El PP también añade la asociación ilícita (dos años más de cárcel) para el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero –que suma 10–; y los ex consejeros Antonio Fernández –10–, Magdalena Álvarez -dos años-, José Antonio Viera –diez años–, Gaspar Zarrías -dos años-, Carmen Martínez Aguayo -ocho años- y Francisco Vallejo –10 años–. Según las conclusiones, a las que accedió LA RAZÓN, «entre 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse ‘procedimiento específico’, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas». Estos fondos, cifrados en 1.280 millones, sobre la base de la Cámara de Cuentas, «fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario». Este procedimiento, continúa el escrito, «como se expone en el auto de 31 de mayo de 2016», persigue: «eludir la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, la cual es propia de todo procedimiento de subvención»; «omitir el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención; la «ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública»; la «falta de control del cumplimiento, por parte del solicitante de la subvención de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda»; «la infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación que es exigible en todo procedimiento de subvención; y la «ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención, vía oportuna justificación por parte del beneficiario». El escrito recoge que «el Consejo Rector y el Consejo de Gobierno de la Junta debieron intervenir, aprobando y ratificando, respectivamente, el pago de las subvenciones ilegalmente otorgadas por el director general de Trabajo y Seguridad Social, el encausado Francisco Javier Guerrero, sin que conste que ello sucediera». La acusación popular argumenta que se buscó «la financiación del plan preconcebido», utilizando la figura de «las transferencias de financiación» y con «la dotación de fondos al IFA a través de los Presupuestos». El PP habla de «la ejecución de un plan concertado» y recuerda que «la antijuricidad del proceder de los encausados fue puesta de manifiesto a los mismos por la Intervención General de la Junta en multitud de informes, pese a lo cual no desistieron en su actuar». Y recuerda que «como se dice en el auto de 31 de mayo de 2016, todos los encausados ‘concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito’, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado ‘procedimiento específico’, en cualquiera de sus modalidades anteriormente expuesta». De ahí, la acusación popular de prevaricación continuada y malversación continuada, y el añadido de asociación ilícita.

La secretaria general del PP-A subrayó la posición adoptada por la Junta al solicitar el archivo de la causa, actitud que responde, aseguró, a una utilización partidaria de las instituciones. «La Junta actúa como brazo ejecutor del PSOE», señaló López, que mostró también su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía, la Audiencia y hasta el Tribunal Supremo hayan advertido de la comisión de presuntos delitos, pero no lo haya hecho la Junta: «Todos menos la perjudicada», manifestó. El PP señaló que «la Justicia no se consigue devolviendo favores a los padrinos políticos». Desde el PSOE-A, Juan Cornejo, señaló que el PP carece de «credibilidad y seriedad». «Si el PP pudiera, no esperaba a que hubiese juicio», dijo.

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