Imputado el «número 3» de Susana Díaz por tener una piscina ilegal en su casa

Un juzgado de Málaga ha citado a declarar como imputado al secretario de Política Institucional del PSOE andaluz, Francisco Conejo, por un presunto delito de prevaricación en relación a una piscina construida supuestamente al margen de la legalidad, en su domicilio.

El juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de septiembre al secretario de Política Institucional del PSOE andaluz, y portavoz en funciones de la formación en la Diputación Provincial, Francisco Conejo, por un presunto delito de prevaricación en relación a una piscina construida supuestamente al margen de la legalidad, en su domicilio de la localidad de Rincón de la Victoria. Un problema añadido para la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que está teniendo que capear con las imputaciones de los ex presidentes andaluces por el «caso de los ERE».

Según la denuncia, elevada por la abogada Paloma Galvez ante el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, el denunciado procedió a ejecutar las obras de la piscina, sin el pertinente proyecto técnico por lo que las mismas no contaron con el procedimiento administrativo aplicable.

El escrito añade que podría no haberse respetado la separación de la infraestructura respecto del lindero público establecida en tres meses como mínimo, por parte del también concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga y secretario de Organización del PSOE malagueño. El inmueble, de caracter unifamiliar y construido sobre una superficie de tres alturas, está ubicado junto al campo de golf Añoreta de la localidad costasoleña.

El que fuera alcalde de la localidad, Francisco Salado (PP), informó a principios de este año cuando trascendió la citada denuncia que el dirigente socialista solicitó la licencia para la ejecución de los trabajos en el año 2007, petición ante la cual el Consistorio le advirtió de que debía presentar proyecto elaborado y visado.

Al parecer, según el relato de los hechos, no hubo respuesta alguna al respecto, por parte del interesado. Según Salado –actual portavoz popular en el Consistorio rinconero–, en el año 2009 se reactivó el expediente en cuestión, a partir de un escrito en el que el acusado «interpretó que la piscina es una obra menor». En este sentido, habría considerado «que no necesitaba proyecto visado», si bien ese mismo año se le concedió licencia bajo Gobierno del PSOE, aunque las obras ya habrían finalizado.

Por su parte, el propio Conejo defendió en febrero su actuación en el procedimiento al argumentar que obtuvo licencia en el año 2007 tras abonar los pertinentes tributos al Ayuntamiento, del que aseguró haber recibido los informes correspondientes «favorables». Al respecto, el secretario provincial del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, dijo días después interrogado por los periodistas que el acusado «ha dado las explicaciones pertinentes» requeridas.

En un auto dictado el pasado 24 de junio al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Juan Pedro Jiménez Jiménez considera que los hechos que resultan de la querella presentada contra el dirigente socialista «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Es por ello por lo que acuerda incoar diligencias previas en una resolución ante la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente recurso de apelación en el plazo de cinco.