Detenido un donante «VIP» de CDC por tres contratos sospechosos en Lloret

A Buesa, ex socio de Jordi Pujol Ferrusola, se le adjudicó el servicio de basuras por 80 millones

Un nuevo caso de presunta corrupción salpicó ayer de nuevo a CDC –recién rebautizada como PDC–, ahora en el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Gerona). Una operación de la Guardia Civil en esta población acabó con tres detenidos –el secretario y el interventor del consistorio y el empresario Gustavo Buesa, uno de los principales donantes de CatDem y de otras dos fundaciones afines a la vieja Convergència– por presuntos pagos del grupo GBI, propiedad de Buesa, a cambio de adjudicaciones municipales, entre ellas el servicio local de basuras (80 millones de euros repartidos en diez años), la construcción de un centro de residuos por casi 30 millones y un tercer contrato bajo sospecha.

La «operación Trueno» –en la que se investigan, entre otros, posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias– es una pieza separada de la «operación Clotilde», que concluyó con la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación al ex alcalde de Lloret y ex diputado Xavier Crespo (CiU) por aceptar sobornos de la mafia rusa liderada por el empresario Andrei Petrov. Al frente de la investigación está el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Blanes, ante quien la Fiscalía Anticorrupción interpuso el pasado marzo una denuncia contra alrededor de una decena de querellados. Según fuentes jurídicas, entre ellos figuran (en ambos casos, por tráfico de influencias) Josep Valls, ex concejal de Urbanismo de Lloret también condenado por corrupción urbanística en el «caso Clotilde», y el ex alcalde de Sant Hilari Robert Fauria (CiU), también investigado por corrupción en el «caso Manga». Entre los denunciados no están, según las mismas fuentes, ni Crespo ni al actual regidor, el también convergente Romà Codina.

El juez investiga las donaciones del dueño de GBI, Gustavo Buesa, a CatDem (que habría donado 100.000 euros en 2009) y a otras dos fundaciones vinculadas a la ex CDC, a cambio de estas supuestas donaciones irregulares. Algunas fuentes apuntan que el montante de las donaciones efectuadas por Buesa a la formación convergente podría superar el medio millón de euros.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que, supuestamente como parte de la compensación a esas adjudicaciones, Buesa –también imputado en la Audiencia Nacional por sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola– «colocó» en sus empresas a dos hijos del interventor municipal, Carles Arbó. Esas mismas fuentes subrayan que uno de los contratos investigados se adjudicó a GBI en la recta final de la legislatura, ante un eventual cambio de gobierno en el consistorio.

La operación comenzó cuando tuvieron conocimento de unas supuestas irregularidades «a escala provincial e incluso autonómica», relacionadas con adjudicaciones de concesión de servicios referentes a la recogida de basura y limpieza de playas y viales, de competencia municipal, al grupo GBI.

Además de las detenciones, el juez ordenó el bloqueo de cuentas corrientes y el embargo preventivo de bienes del grupo GBI.