Contrato temporal

Uno de los aspectos más llamativos de la crisis que han experimentado los partidos políticos en España es la extensión de la idea de que son una especie de agencias de trabajo. Los partidos, en efecto, colocan a mucha gente, toda vez que los empleos de los políticos están casi siempre remunerados, y como el número de plazas a cubrir es amplio, ello alimenta el ensueño de que lo que reparten son puestos de trabajo. Eso sí, se trata siempre de nombramientos temporales, pues los electores son llamados cada cuatro años –o, a veces, menos– para pronunciarse sobre ellos. No obstante, la tentación de pretenderlos vitalicios está siempre ahí y es verdad que hay casos en los que eso parece.

Un contrato temporal de cuatro años es lo que la senadora Elvira García cree haber enganchado en las listas de Podemos. Esta representante de los alaveses ha sido expulsada de su partido, pero se ha negado a abandonar su escaño. Conociendo su biografía, a nadie podrá extrañar: aunque presume de socióloga y jurista, nunca terminó sus estudios universitarios y, a sus 44 años, su «vida laboral ha sido un cóctel de profesiones varias» –según declara en su currículo– de las que la última es la que eufemísticamente define como «autónoma en el sector de hostelería». No tengo datos para afirmarlo, pero apostaría a que el de senadora ha sido su contrato más largo y que, por eso mismo, no está dispuesta ni a dejarlo ni a pagarle a Podemos la mitad de su sueldo, tal como este partido pretende. Digamos en favor de esta última presunción que la senadora ha sido recientemente desahuciada por Alokabide, la empresa de viviendas de alquiler protegido que tiene el Gobierno Vasco.

Ni que decir tiene que los empleos de los políticos no debieran regularse en virtud del Derecho del Trabajo, aunque muchos de ellos no lo entiendan de esta manera. En Madrid ha habido un caso –el de la diputada autonómica Elena González-Moñux– muy peculiar a este respecto, pues ha sido dada de baja laboral por depresión, justificando así que no acuda a la Asamblea a cumplir con sus deberes políticos y, además, haga tambalearse el apurado equilibrio de poder de la Comunidad Autónoma. Un político al que se da de baja es perfectamente sustituible por el siguiente de la lista en la que concurrió a las elecciones; pero si resulta que ha sido retirado por motivos laborales, no puede ser reemplazado. La pregunta es, entonces, si su derecho a no ser despedido mientras dure su enfermedad se extiende más allá de la legislatura en que fue votado. Algo no funciona bien en este embrollo y los juristas e incluso los tribunales harían bien en aclararlo. Por lo que a mí respecta, preferiría que los susodichos no fueran considerados, bajo ninguna circunstancia, como trabajadores y que asumieran siempre que la suya no pasa de ser una ocupación precaria, sujeta siempre a lo que impongan los avatares de la política y los ciudadanos decidan.