El coste de mayores pensiones de viudedad

En 2017, las pensiones de viudedad equivalían al 52% de la base reguladora. Por ejemplo, si el cónyuge fallecido había alcanzado una base reguladora de 20.000 euros, el cónyuge viudo percibía una pensión de 10.400 euros (742 euros mensuales, en catorce pagas). El Gobierno se ha comprometido a elevar esa base reguladora hasta el 53% en 2018 y al 60% en 2019. En nuestro ejemplo numérico anterior, pues, se estaría elevando la pensión de viudedad hasta los 10.600 euros anuales (757 mensuales) en 2018, y hasta los 12.000 euros anuales (857 mensuales) en 2019. Evidentemente, uno no puedo más que alegrarse por todas aquellas personas que van a ver aumentados por esta vía sus (escasos) ingresos regulares, pero limitar el análisis a eso resultaría extremadamente pobre. Si cualquier medida que mejorara el nivel de vida de algunas personas fuera automáticamente justificable, entonces no deberíamos incrementar la pensión de viudedad sólo a 12.000 euros anuales, sino a 20.000, 30.000 ó 50.000. El problema, claro, es que todas esas partidas tienen que terminar pagándose y no está nada claro que el Estado cuente con recursos para ello. El gasto en pensiones de viudedad ronda los 22.000 millones y, como consecuencia del incremento del porcentaje de la base reguladora, crecerá hasta los 25.000 millones. Tal monto es el equivalente a todo el déficit actual de la Seguridad Social. O expresado de otra forma, si a día de hoy no contamos con recursos fiscales suficientes para atender todos los gastos presentes de la Seguridad Social, ¿cómo afrontar incrementos de ese gasto? Es verdad que la creación de empleo esperable durante los próximos años nutrirá con más fondos al sistema, pero prácticamente todos ellos se destinarán a cubrir los aumentos de gastos igualmente esperados (mayor número de pensionistas e incremento de la pensión media por entrada de nuevos jubilados que han devengado una mayor base reguladora). De ahí que, para subir sostenidamente las pensiones de viudedad, no quede otra que aumentar los tributos: ya sea con mayores cotizaciones o creando nuevos impuestos finalistas. Ambas medidas serían, empero, un profundo error. Machacar fiscalmente a la economía española pondría en riesgo nuestra capacidad de crecimiento y de generación de empleo. Con las elevadísimas tasas de paro que hay, sería una equivocación profundamente antisocial poner el freno a la actual creación de empleo... aun cuando el propósito fuera el de pagar mejores pensiones de viudedad.