La élite violenta del «proceso»

El pasado día 27 se vivió en las calles de Barcelona uno de los sucesos más grotescos, elitistas y violentos protagonizados por activistas adscritos a la CUP, el socio necesario del gobierno de la Generalitat. Un comando de encapuchados atacó a punta de navaja un autobús turístico, pinchó las ruedas, amenazó al conductor y atemorizó a los pasajeros, todos visitantes de la ciudad procedentes de los más diversos rincones del mundo. El objetivo de la acción, según explicaron los autores en las diferentes entrevistas de las que dispusieron muy generosamente en medios de comunicación catalanes para explicar su hazaña, era acabar con lo que denominan «turismo de masas». El suceso no se hizo público hasta un día después, se le ocultó a la Guardia Urbana y el gobierno de Ada Colau no denunció el asalto hasta pasados cuatro. Cuando lo hizo, fue con absoluta comprensión con los motivos del ataque, aunque no con el método. Clásica equidistancia e hipocresía política: después de todo, lo sucedido coincide con el programa de Barcelona en Comú, partido que ha sido el máximo propagandista de la llamada «turismofobia», última dolencia de las sociedades más prósperas. Otro paso más de la intolerante izquierdista y nacionalista. El éxito de Barcelona como punto turístico internacional es indudable: recibe 33 millones de visitas al año, con un impacto económico cercano a los 2.000 millones. La Ciudad Condal tiene todas las condiciones necesarias para haberse convertido en un centro de proyección internacional, con infraestructura hotelera y redes de comunicación de primer orden. Es, además, el primer puerto de cruceros del Mediterráneo, su oferta cultural es amplia y, como el resto de España, mantiene todavía un sentido tolerante de los hábitos de diversión, incluso cuando se sobrepasan las normas básicas de convivencia. Colau puso en el centro de su programa cambiar el modelo turístico con medidas muy polémicas –como la moratoria hotelera o limitar los fondos para la promoción–, aunque supusiera dañar los intereses de la ciudad: cerrar comercios y dañar los 26.000 puestos de trabajo directos anuales. Sin embargo, el ataque a un bus turístico con un método violento propio del terrorismo etarra o yihadista (algunos de los pasajeros llegaron a creer que se trataba de una acción de islamistas radicales) ha sido el colofón de una campaña de amenazas a los visitantes («tourist go home», «parad de destrozar nuestras vidas» o «¿por qué lo llaman temporada turística, si no podemos dispararles?») y que contó con la complicidad del equipo de gobierno municipal. Por lo menos con el silencio. La prensa internacional se ha hecho eco de este acto execrable, especialmente la británica, lo que no ha impedido que Arran, el grupo operativo de la CUP para estos desmanes, amenace con seguir actuando, como hizo ayer en un restaurante de Palma. Lo alarmante de estos ataques, que siguen el modelo de escrache que tanto popularizó Colau, es que se realizan con total impunidad y amparo de las autoridades de Cataluña. Después de todo, la CUP es el partido clave para que Puigdemont y Junqueras sigan manteniendo su desafío abierto al Estado de Derecho. Las acciones violentas contra el turismo responden a la situación política que vive Cataluña, con unos dirigentes que infringen permanentemente la legalidad y cuyo ejemplo parece que están siguiendo estos grupos violentos. El gran riesgo del «proceso» independentista en este estadio de choque frontal es el giro violento que puede sufrir, algo que muchos dirigentes de la Generalitat empiezan a contemplar con una irresponsabilidad sin límite cuando incitan a la «revuelta» o la creación de un «Maidán catalán». No cabe duda de que serán estos comando de la CUP los primeros en actuar.