Rechazo generalizado a la opa de BBVA sobre Sabadell y el Gobierno avisa: "Tenemos la última palabra y tiene efectos lesivos"

«El Gobierno tiene la última palabra en la autorización de la opa de BBVA sobre Sabadell». Alto y claro, el ministro de Economía disipó ayer la posición del Gobierno respecto a la operación, que no había sido clara desde que se conoció hace más de una semana. Carlos Cuerpo dijo con contundencia que la transacción sigue los pasos que predetermina la normativa, pero que «el Gobierno tiene capacidad de tomar la ultima decisión si fuera necesario».

Aunque reconoció que cada uno de los actores que intervienen en este proceso irán analizando la situación «desde el punto de vista de sus competencias», como la estabilidad financiera –en el caso del Banco Central Europeo (BCE)– o la competencia –con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)–, el Ejecutivo debe tener el «enfoque completo para hacer todas las valoraciones adicionales de política económica y financiera que sean necesarias».

Fuentes de su Ministerio fueron más concretas y rechazaron directamente la opa, «tanto en la forma como en el fondo», al considerar que «introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español» y supondría un «incremento en el nivel de concentración que podría tener un impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros, y un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera».

El Partido Popular entiende que el Gobierno ha tenido un cambio de posición en las últimas horas, ya que conocía la hipotética fusión y «no la ha censurado» hasta la víspera del fin de la campaña en Cataluña «por electoralismo». Por tanto, no ve creíble «esta sobreactuación repentina» y apunta que «lo importante es asegurar que el resultado de una operación comercial no perjudica los intereses generales de los puestos de trabajo», así como los derechos de los clientes y usuarios de las entidades. «Entendemos la preocupación que puede suscitar cualquier operación que no se ajuste a esta forma de proceder entre administraciones, instituciones, pymes y ahorradores».

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ve la película completamente diferente y confía en que el Gobierno «acabará apreciando la transacción y el valor que aporta al mercado bancario español, a los clientes y accionistas de ambos y a la sociedad en su conjunto, porque es «buena para todos y aporta valor, ya que empleados, accionistas y clientes se benefician de la mejor oferta de valor y de la mejor oferta de producto». Pendiente de que la CNMV dé su visto bueno al folleto y de que se confirmen las autorizaciones del Banco de España, la CNMC y su homólogo en el Reino Unido y el BCE, Torres indicó que «se ha informado puntualmente y, de momento, no hemos tenido ningún obstáculo».

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, confirmó que la entidad tiene que autorizar la operación según el «principio de solvencia y en el prudencial, porque lo que se busca es la estabilidad del sistema financiero en la zona euro. Dimensiones como la de competencia no nos compete», pero no confirmó que se había dado una visión positiva a la transacción.

Las reacciones negativas también han venido de otros miembros del Gobierno, como Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que directamente ha apelado a la Ley de Supervisión Bancaria para parar la opa. «Hay marco normativo para ello y lo vamos a aplicar», amenazó. Pero también de formaciones políticas de todo signo y de gobiernos regionales, como la Generalitat catalana o la valenciana, cuyo presidente, Carlos Mazón, ha pedido que los accionistas valencianos rechacen la fusión porque «destruye valor, trabajo, territorio y competencia. No tiene ningún sentido y no aporta absolutamente nada nuevo».

Precisamente uno de los puntos más polémicos de la oferta de BBVA se refiere a la sede social alicantina, que «evidentemente, desaparecerá», confirmó el propio Torres, ya que la entidad fusionada tendrá su sede social en Bilbao, y dos sedes operativas, la de Madrid y la de Sant Cugat del Vallés, un guiño al catalanismo que pone en riesgo los 500 empleos que trabajan actualmente en Alicante.