La legalidad y el Estado, con los alcaldes del PSC

Cumplir la legalidad frente a los radicales. Los alcaldes socialistas –al frente de las ciudades más pobladas de Cataluña, salvo Barcelona– han dejado constancia de su determinación frente a los que vulneran la Constitución y el orden institucional que precisamente les avala. No están dispuestos a cabriolas ideológicas para imponer un régimen salido del abuso y el desprecio al orden jurídico. Su lealtad les ha supuesto convertirse en objetivo mediático –y físico– de las amenazas de los independentistas. No es casual que ayer, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, afirmase que «las palabras irresponsables y temerarias» de Carles Puigdemont acabarán provocando «insultos y amenazas» en el preciso momento en el que alcaldes del PSC rechazan colaborar en el referéndum del 1-O. La presión de la calle, agitada desde la Generalitat –en un grosero acto de irresponsabilidad–, lleva camino de subir varios escalones el enfrentamiento político y ciudadano en Cataluña. La valentía y el respeto de estos alcaldes a las leyes cuentan, desde el primer momento, con el apoyo del Estado, como ayer mismo recordó Mariano Rajoy. El Gobierno les ha dado seguridad jurídica y argumentos con los que responder a esas presiones. La deriva autoritaria del Govern se ha topado con unos servidores públicos que no cederán a las amenazas para pervertir la legalidad y amparar un fraude.