La lucha contra la corrupción no es solo cosa de los políticos

El que ha sobresaltado al fútbol español esta semana, y que ha acabado con los días de gloria de Ángel María Villar, es el último episodio conocido de la crónica sobre las corruptelas en el país. Los españoles mantienen desde hace años a la corrupción como una de sus preocupaciones. Es una respuesta al flujo ininterrumpido de escándalos que han copado las primeras páginas de los periódicos. La crónica sobre las redes delictivas esparcidas por distintos ámbitos de poder se ha convertido en costumbre. ¿Eso quiere decir que hay más o menos ahora que en otros periodos de nuestra democracia o, más bien, que en la actualidad se ha mejorado en los instrumentos, las alertas y la voluntad de luchar por un país más limpio? O lo que es igual, ¿hay más corrupción o se combate mejor contra la que existe? El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, manifestó ayer que en nuestro país se persigue adecuadamente a estos delincuentes y que «hay mucha menos corrupción de la que había hace unos años». Entiende el primer representante del Ministerio Público que aquí nadie está por encima de la ley y que se han dado suficientes pruebas de ello. Y no le falta razón en esta apreciación. Cientos de acusados y condenados en decenas de causas instruidas, y una batería legislativa impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy contra estos delitos para garantizar la transparencia, lo demuestran. Pero la percepción de una mayoría de nuestra sociedad es otra. Lo recoge de forma terminante la encuesta de NC Report para LA RAZÓN. Casi siete de cada diez españoles entienden que el nivel de corrupción es alto o muy alto y casi seis de cada diez opinan que las corruptelas están muy extendidas en la sociedad y que somos permisivos con estas conductas deshonestas. En este sentido, el 54% cree que estas actividades delictivas no se limitan a la política, sino que se dan en otros ámbitos, si bien hay un 69% que opina que estamos ante un fenómeno transversal que implica a todos los partidos. Los datos son demoledores y la foto fija que conforman es la de una realidad desalentadora. Hablamos, por tanto, de impresiones mayoritarias, casi generalizadas, lo que resulta preocupante en la medida en que los mensajes institucionales de intolerancia con las malas prácticas, de estigmatización de la corrupción como actuaciones moralmente reprochables, socialmente censurables y legalmente punibles, están lejos de calar en la ciudadanía hasta los extremos deseables. Es un problema serio que gobernantes y gobernados manifiesten apreciaciones contradictorias sobre un mismo asunto, como es el caso. Hay trabajo y esfuerzo que realizar en la medida en que una mayoría de españoles puede entender que la democracia no está haciendo todo lo que puede y debe por depurar conductas impropias en el saqueo de lo público y aplicar los correctivos necesarios. Peor aún sería que prendiera la idea de la complicidad y la impunidad. Se precisan eficacia y resultados contra los corruptos, pero también que ese compromiso institucional por una sociedad mejor llegue a los españoles. Como el fiscal general, entendemos que España no es un país corrupto, que en estos años se ha mejorado de forma notable en detectar y corregir esas actuaciones nocivas y que, como todas las sociedades, no estamos a salvo de comportamientos contrarios a la legalidad de servidores públicos desleales que parasitan el bien común para sacar provecho. Vivimos en un Estado de Derecho en el que nadie está por encima de la Ley. Es fundamental que la sociedad interiorice que la democracia es el mejor antídoto contra los corruptos y que sus representantes están determinados a que así sea.