La responsabilidad de gobernar

Podría decirse que la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, al que venían sosteniendo parlamentariamente, responde a un ucase de la formación morada sobre el PSOE, ya que, ciertamente, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, fue objeto de una maniobra poco elegante por parte de sus socios, que, sin aviso previo de ningún tipo, decidieron tumbarle en el último momento los presupuestos regionales, que se suponían acordados. Pero sea cual sea el relato de los hechos, la realidad es que Podemos y el PSOE forman un gobierno de coalición, lo que supone que ambas formaciones se corresponsabilizan de la gestión pública de la Comunidad, que es, a nuestro juicio, lo que debería producirse en todas aquellas administraciones donde el partido que gobierna lo hace con respaldo parlamentario externo. La hipótesis de que Ciudadanos y Podemos abran la puerta a formar parte de ejecutivos de coalición en las autonomías e, incluso, en el Gobierno de la nación no sólo supone un paso positivo en la buena dirección, puesto que no sólo clarifica ante los votantes el auténtico equilibrio de fuerzas, sino que enfrenta a los representantes de la llamada «nueva política» con la responsabilidad de pasar de las declaraciones a los hechos. Nada más incoherente, como ocurre en el Ayuntamiento de Madrid, que el espectáculo de unos representantes políticos denunciando la mala gestión que ellos mismos convalidan. Que el concejal socialista, Antonio Miguel Carmona, haga públicos, como ayer, comunicados demoledores sobre la suciedad en la capital de España y la incompetencia de la Alcaldía que preside Manuela Carmena sólo se explica desde la cómoda posición del que no tiene que gobernar. Y lo mismo reza para Ciudadanos en el caso de la Comunidad de Madrid, donde mantienen con sus votos al Gobierno popular de Cristina Cifuentes, a la que no ahorran críticas y acusaciones. Ese doble papel de valedores y opositores representado hasta ahora por los llamados partidos emergentes supone una mixtificación grave de la representación política que, tal vez, puede ser beneficiosa a corto plazo, dado que pone sordina a las contradicciones programáticas e ideológicas de los aliados circunstanciales, pero, a largo plazo, acaba por desdibujar ante los electores al partido con menor implantación. Hay, sin embargo, que reconocer el cambio de postura que empieza a percibirse en Podemos y Ciudadanos. De hecho, el partido que lidera Albert Rivera ya ha introducido en su «Ponencia de Estrategia y Líneas de Actuación Política», aprobada en este mismo año, la posibilidad de entrar en ejecutivos de coalición, un paso importante porque hasta ahora el partido naranja se limitaba a condicionar la permanencia o no de los gobiernos autonómicos que apoya. Por su parte, en Podemos se ha reabierto el debate de la colaboración con el PSOE a raíz de la coalición castellano-manchega y una vez que en la dirección del partido morado se acepta que han tocado techo y no va a ser posible desbancar a los socialistas en el corto plazo como principal fuerza de la izquierda. Por supuesto, toda moneda tiene dos caras y todos los partidos implicados, pero principalmente Podemos y Ciudadanos, tendrán que afrontar las consecuencias de una participación coaligada en la gestión pública donde, necesariamente, una de las partes implicadas tendrá que renunciar en mayor medida a sus presupuestos ideológicos, con el inevitable desgaste electoral que ello supone. Sirva de ejemplo el actual papel de comparsa de la extrema izquierda portuguesa, con problemas en las encuestas, tras haber formado parte de una coalición de égida socialdemócrata y fiel cumplidor de las exigencias de control presupuestario de la Unión Europea.