Mossos d'Esquadra

Los Mossos ya tienen sus órdenes

La Razón
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Lo es habitual y parecería superfluo que en una instrucción del fiscal dirigida a un cuerpo de seguridad con funciones de Policía Judicial haya que especificar el corpus legal al que están sujetos los agentes, si no fuera porque, en realidad, la comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña tiene unos destinatarios con los que no cabe omisión alguna: los mandos políticos de los Mossos de Escuadra, claramente alineados con el proceso separatista. Así, la instrucción de la Fiscalía cumple la doble función de dar seguridad jurídica a los miembros del cuerpo policial autonómico y de advertencia a sus jefes políticos sobre las responsabilidades penales en las que incurrirán si, como han alardeado, tratan de impedir que se cumplan las órdenes judiciales. No en vano, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llevó a cabo una purga en la Consejería de Interior –relevando a un hombre moderado y cabal, como Jordi Jané, por un separatista extremo, como Joaquim Forn, quien, a su vez, nombró como director de los Mossos a Pere Soler– para conseguir, al menos, la pasividad del departamento policial autonómico. De ahí, como señalábamos al principio, que la Fiscalía haya considerado necesario recordar en el escrito de instrucciones que a la Policía autónoma catalana, como al resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tienen que cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente y que en ningún caso la «obediencia debida» podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. La Fiscalía va, incluso, más allá al ordenar al jefe operativo de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que remita la instrucción a todos los mandos subalternos y a todas las unidades policiales en menos de 24 horas y, una vez cumplimentada la directriz, a comunicarlo por escrito a la Fiscalía. Es decir, que nadie pueda alegar desconocimiento de las órdenes recibidas. Tantas precauciones no presupone, sin embargo, desconfianza en unos agentes que, desde su despliegue en Cataluña, han cumplido con eficacia su deber en defensa de la seguridad ciudadana y del ordenamiento jurídico, sino la lógica sospecha de la Fiscalía Superior de Cataluña de que el Gobierno de la Generalitat, que ha decidido transgredir la legalidad, está dispuesto a hacer todo lo posible y con las maniobras que sean precisas para manipular a los Mossos de Escuadra o, al menos, inutilizarlos. La estrategia última de Carles Puigdemont, como es evidente, busca que los ciudadanos de Cataluña identifiquen la retirada de las urnas ilegales con la «represión» de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que no casaría con una actuación de la Policía catalana contra la organización del referéndum. Pues bien, los Mossos ya tienen sus órdenes y éstas no pueden ser más claras: «intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales, impresos, propaganda, elementos informáticos...» y cualquier otro material susceptible de ser utilizado para conculcar la legalidad. En Cataluña, tal y como prometió el Gobierno de Mariano Rajoy, se exigirá de todos los funcionarios el estricto cumplimiento de sus obligaciones, pero, al mismo tiempo, se les proporcionará toda la protección necesaria frente a las arbitrariedades que pueda cometer la Generalitat para forzar el proceso separatista. Así hay que entender que la orden de la Fiscalía a los Mossos
–extendida a la Guardia Civil y la Policía Nacional– incluya todas las salvaguardas de nuestro ordenamiento jurídico.