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«Sacrificio cero», un deber moral

Tiempo de lectura 4 min.

25 de marzo de 2017. 01:22h

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LA RAZÓN ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con el objetivo de que el Congreso de los Diputados legisle la prohibición para todo el territorio nacional del sacrificio de los animales domésticos recogidos en centros municipales o acogidos por las distintas asociaciones protectoras. La campaña lleva por lema «sacrifico cero» y con ella hacemos un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para acabar con una práctica cruel e innecesaria, que sólo sirve para ocultar el verdadero problema: la escasa conciencia social que, en pleno siglo XXI, tolera el maltrato de los animales y un comercio abusivo y sin corresponsabilidad. No es cuestión, por supuesto, de establecer equivalencias absurdas por imposibles ni de sacralizar a los animales, sino de colaborar para que nuestro país se incorpore en este campo al resto de las democracias avanzadas de Europa, donde el respeto a los animales y al medio ambiente dan la medida del desarrollo cívico alcanzado por la sociedad. Como ya señalamos al tratar la lacra del maltrato animal en España, nada hay más erróneo que intentar contraponer categorías por esencia desiguales cuando de lo que se trata es, precisamente, comportamientos que son distintivos del humanismo. No puede, en efecto, considerarse una persona moral quien encuentra disfrute en el dolor o en la muerte gratuita de un ser viviente. Más allá de la articulación parlamentaria que dé contenido a la iniciativa «sacrificio cero» –que pretendemos culminar con una Ley marco que obligue a todas las comunidades autónomas a prohibir la eliminación sin causa justificada de los animales domésticos–, lo que se intenta es corregir la actual actitud de indiferencia oficial, cuando no de simple desidia, hacia unas prácticas y unos comportamientos entre los propietarios de perros y gatos –también de hurones y aves– que, pese a la legislación vigente, eluden las responsabilidad que contraen al adquirir un ser vivo. Incluso entre personas bien intencionadas, que no pretendían el puro utilitarismo del animal cuando lo compraron, se recurre al fácil expediente del abandono en la vía pública en cuanto surgen las primeras dificultades. No dudamos de que la práctica del sacrificio facilita, sin duda, la labor de las instituciones encargadas de la recogida y guarda de los perros y gatos abandonados, pero, al mismo tiempo, ayuda a perpetuar la causa del problema. Sólo con una normativa más estricta y, sobre todo, con mayor celo en el cumplimiento de la que ya existe se puede actuar de manera completa sobre este problema. Las comunidades de Madrid y Cataluña, donde ya se ha implantado la norma del «sacrificio cero», demuestran que se trata de una política perfectamente factible que puede implementarse sin grandes gastos adicionales. Exige, sin embargo, que vaya acompañada de medidas de prevención como el control de la cría indiscriminada, la vigilancia de la venta de animales por internet, la identificación obligatoria de perros y gatos –en Cataluña se subvencionan los chips implantados–, la puesta en marcha de campañas informativas y de fomento de la adopción frente a la compra y también el incremento de las sanciones a quienes abandonen a sus mascotas en la vía pública. En definitiva, sólo un cambio de percepción en las instituciones y en la opinión pública acabará con la lacra del maltrato animal. Y desde LA RAZÓN estamos convencidos de que sólo la prohibición legal de la muerte de los animales puede servir de catalizador para que las cosas cambien. Por ello, pedimos el apoyo y la colaboración de todos, su firma, en la iniciativa «sacrificio cero» que hoy comienza su andadura. Gracias por anticipado.

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