Una condena benévola que aparta a Mas

Ala espera de que la Fiscalía decida o no apelar la benévola interpretación del TSJC sobre el delito de prevaricación –ejemplo canónico del «in dubio pro reo»–, hay que reconocer la fuerte carga simbólica de las condenas recibidas por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas; su ex vicepresidenta, Joana Ortega, y su ex consejera de Educación, Irene Rigau. Sin duda, la opinión pública percibirá como escasos los dos años de inhabilitación para ejercer cargo público al que ha sido sentenciado Mas –un político que no sólo cometió un delito de desobediencia a una resolución judicial cuando ejercía como representante ordinario del Estado en Cataluña, sino que ha impulsado un proceso que constituye un ataque frontal a la Constitución y al principio de la soberanía nacional–, pero, en cualquier caso, se trata de la demostración palpable de que en España la Justicia funciona para todos y de que las resoluciones judiciales están hechas para cumplirse. Como no podía ser de otra forma, la sentencia no entra en consideraciones políticas, que sólo atañen al Tribunal a efectos de refutación de la estrategia de defensa, para tipificar la conducta de los condenados en un ilícito penal que no admite excusas. Así, los jueces establecen que la resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión cautelar de los preparativos del llamado «proceso participativo» del 9 de noviembre de 2014, era «directa, meridiana y explícita», y suponía un mandato «claro, expreso, concreto y terminante» de que se pusiera fin a cualquier actividad administrativa encaminada a organizar el simulacro de referéndum, lo que no fue atendido por los tres condenados. Como hemos señalado al principio, los jueces no aprecian el delito de prevaricación, porque no encuentran en las actuaciones de la Generalitat la arbitrariedad que requiere el tipo penal, ni siquiera el dolo eventual, con lo que reducen sensiblemente la gravedad de las penas. Artur Mas ya ha anunciado que piensa recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo e, incluso, ante Estrasburgo, acción no exenta de riesgos para sus intereses. Mejor haría en aguardar a que se haga pública la sentencia del Alto Tribunal sobre el diputado Francesc Homs, acusado de los mismos delitos, por si su criterio fuera menos benevolente que el del TSJC. Por otra parte, y aunque las reacciones del mundo separatista catalán a las condenas han sido las esperables, parece que comienza a abrirse camino entre la opinión pública española, incluida la catalana, el que la lógica de los acontecimientos no admite otra salida que el reproche penal para quienes tratan de conculcar las leyes. Sin forzar la mano políticamente, desde el estricto respeto a los derechos ciudadanos y con el único recurso a nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno de Mariano Rajoy está demostrando la fortaleza del Estado frente al desafío separatista. Unos resultados que deberían hacer reflexionar a quienes exigen una contundencia administrativa de problemáticos efectos. Sin duda, el futuro político de Artur Mas no era ya nada esperanzador, pero parece llegado el momento de que asuma sus fracasos y se retire definitivamente de la política, aunque sólo sea para no perjudicar aún más las exiguas expectativas de la antigua CDC. Porque, sin entrar en las eventuales consecuencias legales que puedan acarrear al ex presidente catalán los procesos en curso sobre la corrupción del «3 por ciento», la condena supone su inhabilitación para integrar cualquier candidatura electoral, lo que le descarta en el previsible adelanto de las autonómicas catalanas el próximo mes de septiembre. Por lo menos, Más debería dar tiempo a su partido para refundarse.