La protección de los espacios naturales y patrimoniales de la provincia de Cádiz ha vuelto al centro del debate público en 2025 con un enclave tan emblemático como delicado: el Faro de Trafalgar. Situado en las costas de Barbate, en un entorno de alto valor ambiental e histórico, el faro se ha convertido en el ejemplo más reciente de la tensión entre conservación y explotación económica del litoral andaluz.

El Gobierno central ha dado un paso decisivo al anunciar la incoación del expediente para declarar el Faro de Trafalgar Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección que contempla la legislación española en materia de patrimonio. Desde mediados de junio, esta medida ya tiene efectos prácticos: la activación inmediata de medidas cautelares que suspenden cualquier actuación urbanística o comercial en el enclave.

El expediente, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), otorga cobertura legal y protección efectiva a un faro levantado en 1860, ejemplo singular del patrimonio industrial del siglo XIX. Con una altura aproximada de 34 metros, el edificio se alza junto a la histórica torre almenara de Trafalgar y se integra en un entorno de enorme riqueza arqueológica, donde se localizan restos de un templo romano dedicado a la diosa Juno, una factoría de salazones de época romana y otras construcciones vinculadas al ámbito de Baelo Claudia.

La decisión del Ministerio de Cultura deja en el aire el controvertido proyecto para ubicar un restaurante –y otras actividades turísticas– en el interior del faro. Una iniciativa que, aunque promovida bajo el argumento de la puesta en valor del patrimonio, había generado una fuerte contestación social y ecologista.

Juan Clavero, histórico activista andaluz y miembro de Ecologistas en Acción, enmarca este intento dentro de una tendencia más amplia. «Existe una política general de privatizar servicios públicos dentro de los espacios naturales», denuncia. Según explica, equipamientos que son titularidad de la Junta de Andalucía –como centros de recepción, aulas de naturaleza o campings– han sido sistemáticamente sacados a concurso y entregados a empresas privadas. «Lo que es de todo el mundo acaba convirtiéndose en un negocio por el que terminamos pagando», subraya Clavero.

En el caso concreto del Faro de Trafalgar, Clavero recuerda que el proceso de privatización se impulsó desde Puertos del Estado, en el marco de un sistema de concesiones en el que las comunidades autónomas tienen capacidad de nombramiento de los responsables portuarios. El procedimiento se inició bajo gobiernos socialistas y continuó tras la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía en 2019, con el nombramiento de Teófila Martínez al frente del organismo.

La situación del Faro de Trafalgar no es un hecho aislado, sino parte de una problemática recurrente en la provincia de Cádiz, donde la presión urbanística y turística ha puesto en jaque, en las últimas décadas, numerosos espacios de alto valor ambiental. Desde la costa atlántica hasta el Campo de Gibraltar, proyectos vinculados a complejos hoteleros, infraestructuras recreativas o concesiones privadas han generado conflictos entre administraciones, promotores y colectivos ciudadanos, reabriendo el debate sobre el modelo de desarrollo del litoral andaluz.

Casos como Valdevaqueros, en Tarifa, o los intentos de recalificación de suelo en zonas próximas a El Palmar y Conil han evidenciado las carencias de la planificación territorial cuando no se acompaña de evaluaciones ambientales rigurosas. En varios de estos episodios, los tribunales han terminado anulando planes urbanísticos por incumplimientos legales, mientras asociaciones ecologistas y vecinales han asumido un papel protagonista en la defensa del territorio. Un patrón que se repite: proyectos concebidos bajo la promesa de dinamización económica que acaban cuestionados por su impacto irreversible sobre espacios naturales únicos.

La reciente inclusión del Faro de Trafalgar dentro del Parque Natural supone, además, una capa adicional de protección ambiental que refuerza su blindaje frente a futuras iniciativas urbanísticas. Una garantía que los colectivos ecologistas consideran imprescindible en un litoral sometido a una fuerte presión, sobre todo en los últimos años dado su gran atractivo turístico.