Sociedad
Una asociación de Granada advierte que la licitación de pulseras antimaltrato tiene "graves carencias"
"Hemos detectado insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias", señalan
La asociación de mujeres La Volaera ha indicado que la licitación que oferta la contratación pública para gestionar las conocidas como pulseras antimaltrato, el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual, tiene "graves carencias".
"Hemos detectado insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias", ha indicado la presidenta de esta asociación de Granada, María Martín Romero, quien ha considerado "intolerable e indignante la tortura institucional y la dejadez" con que el Ministerio de Igualdad en su opinión "vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores".
Todo ello conforme a un informe del departamento técnico-jurídico de la asociación granadina, consultado por Europa Press, en que esta asociación feminista ha "detectado graves carencias en la licitación que concluye el próximo 6 de marzo".
"Lo detectado pone de manifiesto la mala praxis y las consecuencias de ello. Cualquier licitación tiene que describir con precisión absoluta los requisitos tecnológicos y que los mismos estén plenamente actualizados. Resultan preocupantes las deficiencias de planificación técnica como la exigencia de cumplimiento en base a una legislación derogada o que el plan de transición sea incoherente con el pliego de 2023 que hemos encontrado", ha añadido Martín Romero.
Según el informe, la definición de los requisitos tecnológicos "debe ser de una precisión absoluta y estar plenamente actualizada" en una licitación de estas características y en este sentido "La Volaera se muestra muy preocupada ya que se han detectado deficiencias de planificación técnica tales como la exigencia de cumplimiento de legislación derogada, un plan de transición incoherente con el pliego de 2023 o la no adquisición de dispositivos móviles geolocalizables en zonas rurales o de montaña sin cobertura terrestre incompatibles con la seguridad exigida".
Se detecta en este sentido riesgo de "desprotección de las usuarias en zonas rurales o de montaña por no pedir dispositivos con cobertura satelital". Así, "dentro de lo detectado lo más grave es que la nueva licitación, pese a contar con presupuesto suficiente para esta mejora, desprotege a un conjunto de víctimas al no exigir soluciones de cobertura satelital" y "es como hacer víctimas de primera y de segunda clase".
"A pesar de que la tecnología 3GPP Release 17 (ya implantada por operadores de telefonía móvil de la Unión Europea y que en España está en plena eclosión) la llevan multitud de dispositivos móviles", lamentablemente para la asociación "aquí no se exige" y "el pliego solo requiere cobertura terrestre y en el caso del dispositivo de la víctima, tecnología de cobertura móvil de hace más de una década".
"Es un auténtico disparate que contándose con tecnología que permite la localización de víctimas y agresores de violencia machista en cualquier parte del territorio nacional, el Ministerio no la haya tenido en cuenta en la definición de requisitos de los dispositivos, poniendo en riesgo la salud o integridad de la víctima u obligando a los órganos judiciales a encarcelar a los agresores, disponiendo de medidas menos drásticas de protección", ha añadido Martín Romero en nota de prensa.
La Volaera considera inaceptable que en una licitación "con un presupuesto base de 71.369.269,41 euros", el Ministerio de Igualdad "cometa errores tan burdos como exigir el cumplimiento de legislación derogada (RD 3/2010) en lugar del vigente Real Decreto 311/2022 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), originado por utilizar modelos de documentos anticuados". "Esto es incomprensible en una contratación de este tipo en el que la seguridad de la información es crítica en la vida de las usuarias", ha afirmado Martín.
Si bien esta asociación ha visto que en la redacción de la nueva licitación se solicita un cambio disruptivo al exigir a la nueva empresa adjudicataria desarrollar un nuevo programa informático para monitorizar las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor, el plazo de cumplimiento "es erróneo".
Y es que el Ministerio "ofrece a la adjudicataria la posibilidad de ampliar el periodo de transición con la actual empresa hasta los seis meses, pero no tiene en cuenta que a la UTE Vodafone-Securitas solo se le puede exigir contractualmente la subcontratación y colaboración durante un máximo de tres meses desde la finalización de su contrato". "Esta discrepancia evidencia un desconocimiento de las limitaciones del marco contractual vigente y pone de nuevo en riesgo la continuidad de la protección de las víctimas durante el traspaso de poderes", ha detallado la presidenta de La Volaera.
GESTIÓN DE POTESTADES PÚBLICAS
El departamento técnico-jurídico de La Volaera ha detectado también la existencia de una brecha entre el discurso de titularidad pública y la realidad operativa del servicio, donde se han externalizado funciones nucleares que debería ejercer estrictamente personal de la Administración Pública.
"La recepción de resoluciones judiciales, la gestión de altas o bajas en el sistema y la elaboración de informes probatorios para juzgados y fiscalía por parte del personal de una empresa privada no solo pone en peligro el saber de la Administración, sino que vulnera el Principio de Minimización de Datos (Art. 5 RGPD). En palabras llanas significa que se permite el acceso de personal de una empresa privada a datos de salud y condenas penales sin un filtro administrativo previo", ha subrayado Martín Romero.
Para finalizar la presidenta destaca que el pliego incumple el deber de definir detalladamente los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad para que las empresas licitadoras puedan "evaluar la viabilidad económica de su oferta, los recursos necesarios y poder acudir en igualdad de trato al procedimiento de contratación como exige la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".
