La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha anunciado este jueves que la Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado por el Gobierno para las marismas de Doñana.

Se trata de un deslinde de 118.772 metros de marisma en los términos de Hinojos e Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla) que fue autorizado por Orden Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) del 10 de octubre de 2025 al entender que son de dicho dominio por tener influencia mareal.

Una justificación rechazada desde el principio por particulares, organismos e instituciones como el Espacio Natural Doñana (END), los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, WWF, Ecologistas en Acción, la Estación Biológica de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Asociación Amigos de Doñana quienes consideran que la marisma sólo recibe agua dulce.

Durante su intervención en el Parlamento de Andalucía, García ha insistido que esta decisión del Miteco ha generado una profunda preocupación entre propietarios, agricultores y administraciones locales del entorno al afectar a terrenos que durante décadas han tenido determinados usos.

Además, ha defendido que cualquier delimitación del dominio público marítimo-terrestre debe responder a criterios rigurosos y a un conocimiento profundo del funcionamiento real del territorio.

"Las decisiones sobre espacios tan valiosos como Doñana deben construirse desde el rigor científico, el diálogo institucional y el respeto a los órganos de participación", ha dicho.

También, ha reseñado que la posición de la Junta no cuestiona la necesidad de proteger Doñana, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, sino que busca garantizar que las decisiones adoptadas se ajusten a la realidad ecológica y geomorfológica del territorio.

Ha reiterado que la conservación del litoral y de los ecosistemas costeros forma parte de las políticas que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene impulsando en Andalucía.

También ha defendido la necesidad de una nueva Ley de Costas cuya aplicación no de pie a dificultades como la que refleja el deslinde de Doñana; una nueva norma "que tenga en cuenta la realidad territorial actual y que aporte mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos y actividades económicas vinculadas al litoral".

Ha considerado que la evolución de la costa y los efectos asociados al cambio climático obligan a replantear algunos instrumentos normativos: "La protección del litoral es irrenunciable, pero también proteger mejor significa gestionar mejor", ha añadido.

La consejera ha sostenido que la normativa actual debe adaptarse a la realidad territorial y competencial existente, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las comunidades autónomas en la gestión del territorio y en la protección ambiental.