Nuevo revés del Gobierno a Málaga en materia de infraestructuras, un nuevo frente abierto en medio de la ya delicada situación ferroviaria que atraviesa la provincia con el corte del AVE a la capital.

El problema, para entenderlo, no es el qué, sino el cómo. Todo gira en torno al anuncio de este lunes sobre la paralización del C1 de Cercanías durante al menos seis meses entre finales de 2027 y principios de 2028 por unas obras que, si bien vienen a solucionar un problema endémico de la línea más transitada de toda Andalucía –el de aumentar la frecuencia de trenes–, tanto el Partido Popular como algunos sindicatos ya han criticado la falta de transparencia e información sobre cómo se va llevar este asunto en materia de movilidad y empleo.

La actuación prevista por ADIF consiste en duplicar cerca de tres kilómetros de vía entre Campamento Benítez y Plaza Mayor, una obra que obliga al corte total del servicio entre Málaga y Torremolinos durante varios meses para poder ejecutarse. A esto se añaden otras intervenciones en el túnel del aeropuerto, en el paso bajo el Guadalmedina y mejoras en las estaciones. Sin embargo, el proyecto sigue en fase de redacción y no ha sido licitado, por lo que los plazos son orientativos. Además, los propios informes técnicos admiten que esta actuación no será suficiente por sí sola para aumentar las frecuencias sin una segunda fase que, por ahora, tampoco se ha concretado cómo será.

En este punto, el Sector Federal Ferroviario de CGT en Málaga calificó ayer el anuncio de «kamikaze», una situación que, aseguran, «pone en vilo el empleo de cientos de personas», entre «maquinistas, personal comercial, talleres o limpieza». Asimismo, auguran que supondrá «un tsunami para quienes dependen del tren para hacer sus desplazamientos por trabajo, estudios u ocio».

El sindicato denuncia que todo se ha conocido «a través de los medios de comunicación», sin información previa ni participación de los comités de empresa, lo que genera «multitud de interrogantes» sobre cómo se ejecutarán las obras. En este sentido, critican que se hayan obviado «posibles propuestas de las personas trabajadoras ferroviarias para minimizar los impactos» y sostienen que estas actuaciones podrían haberse planteado sin necesidad de «amputar el servicio» durante meses y «sin provocar el caos laboral que se avecina», motivo por el que han puesto en marcha una campaña de asambleas con los colectivos afectados y un proceso de llamada a la acción ciudadana.

CGT advierte de que «pese a que solo se habla de la C1, se obvia que el recorrido común con la C2 en Málaga capital también se va a ver afectado», lo que podría traducirse en que «el Valle del Guadalhorce también puede perder el tren tras el verano de 2027».

El anuncio de ADIF reaviva el rifirrafe entre el Gobierno, el PP y las instituciones malagueñas

Además, la decisión de ADIF ha vuelto a reactivar el rifirrafe entre el Gobierno y las instituciones malagueñas, que no han aprobado, al menos de esta forma, la obra. El alcalde, Francisco de la Torre, criticó la ausencia de «reunión, comunicación y análisis», mientras que, por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, aseguró, aunque sin decir cuál, que se «garantizará un plan alternativo» y pidió a los regidores que aclaren «si están a favor de la obra o solo quieren entorpecerla».

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha salido del paso afirmando que «seguro que el Ministerio tendrá prevista una ruta alternativa de movilidad», aunque, al igual que Salas y el Ministerio de Transportes, sin concretar medidas. Desde el PP nacional, Elías Bendodo volvió a calificar la situación de «caos ferroviario» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de seguir «ensañándose con Málaga».