El PSOE andaluz cambia de opinión y es el único que acepta el principio de ordinalidad en financiación

El PSOE andaluz es el único partido que se descuelga del dictamen de financiación autonómica que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2015 y que fijaba una posición común de la comunidad autónoma en el debate sobre la financiación de las regiones. Los socialistas, con María Jesús Montero al frente, fueron los principales impulsores de este documento que recogía, entre otras cosas, una oposición frontal al principio de «ordinalidad» porque atentaba contra la «equidad» de las autonomías. En palabras de la propia Montero durante los trabajos del mencionado dictamen, «reconocer la ordinalidad es conocer que contribuyen los territorios y no las personas», un principio que atenta directamente contra la «igualdad» de los españoles y que, decía, es «una decisión política porque algunos territorios se han empeñado en trasladar la ordinalidad como un principio» mientras que «el sis­tema tiene que ser equitativo, justo».

Las cosas han cambiado una década después. El PSOE andaluz, sabedor de que el pacto entre el PSC y ERC en Cataluña incluye el concepto de ordinalidad como clave del nuevo modelo, ya no lo ve tan trascendente. Los socialistas argumentan que «Moreno Bonilla se agarra a la ordinalidad como un clavo ardiendo porque no tiene ni una sola idea propia sobre financiación autonómica» y consideran ahora que «el debate sobre financiación va mucho más allá de la ordinalidad».

En el grupo de trabajo del que surgió el dictamen en 2015 intervino, entre otros, el todavía diputado del PSOE Mario Jiménez, que apuntó que «a nosotros nos preocupa muchísimo ese concepto», en relación al de «ordinalidad».

Desde la Junta de Andalucía, la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, mantiene la misma postura expresada en los últimos meses y rechazó un nuevo sistema de financiación autonómica basado en el principio de «ordinalidad» y reclamó que el criterio de reparto sea el de población.

A la izquierda del PSOE también existe consenso, al menos de momento, en que el principio de ordinalidad es incompatible con el de igualdad. Este sistema blindaría el orden de las comunidades autónomas en términos de renta per cápita o capacidad fiscal porque no puede modificarse después de aplicar mecanismos de solidaridad y redistribución. En la práctica, las que más contribuyen al sistema no podrían ver alterada su posición, lo que beneficia a la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares.

Hace un año, tras el anuncio del acuerdo en esta materia entre el PSC y ERC, Izquierda Unida se manifestó en contra de la aplicación del criterio de ordinalidad «por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita». El partido, ya con Antonio Maíllo como máximo responsable federal, añadía que su aplicación «haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan», es decir, argumentaban que ese modelo «nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial».

Otro partido de izquierdas, Adelante Andalucía, también se manifestó ayer claramente en contra. La diputada autonómica Begoña Iza explicó que para su partido una financiación autonómica basada en el principio de ordinalidad es «claramente injusta» con Andalucía, que quedaría «abandonada a su suerte».

«El principio de ordinalidad es claramente injusto con Andalucía y desde Adelante no podemos estar a favor porque va a beneficiar a los que más tienen, ya que establece que quien más aporta, más recibe», zanjó Iza.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue su hoja de ruta y como hizo con la quita de deuda quiere presentar en materia de financiación una propuesta que cumpla los acuerdos de su partido con Cataluña y, al mismo tiempo, satisfaga al resto de las comunidades autónomas, algo muy complicado.

Montero incluso resta trascendencia al acuerdo que se firmó en Andalucía porque, según explicó ayer mismo en el Senado, «no se puede partir cada uno de una situación enrocada de máximos, dictada a veces por los parlamentos autonómicos, pero que imposibilita el que podamos dotarnos de un modelo único». A su juicio, ahora lo importante es respetar «las singularidades».