Un trabajador del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha interpuesto una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y varios responsables jerárquicos para denunciar una situación prolongada de acoso laboral y la imposición de una grave sanción disciplinaria que considera una represalia directa.

Según la demanda, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, el trabajador (técnico de mantenimiento) había tenido ya que cambiar previamente de centro de trabajo tras denunciar otra situación de acoso laboral contra uno de los denunciados en su destino anterior.

Dicho hostigamiento habría continuado tras su incorporación al Hospital Virgen del Rocío, donde desde 2023 habría vuelto a sufrir una situación persistente de acoso por parte de superiores jerárquicos.

La situación continuada de hostigamiento en su centro de trabajo se caracteriza supuestamente por insultos, humillaciones públicas, amenazas, gritos, intentos de agresión física y una progresiva desvalorización profesional por parte de superiores jerárquicos.

El demandante habría experimentado por ello un grave deterioro de su salud mental, con reiterados episodios de ansiedad acreditados mediante informes médicos periciales, lo que lo ha llevado a permanecer en situación de baja laboral prolongada.

Tras denunciar internamente estos hechos y solicitar la activación del protocolo de prevención del acoso laboral del SAS, la respuesta administrativa fue la apertura de actuaciones disciplinarias contra el propio denunciante, en lugar de adoptar medidas protectoras, ha informado a EFE Alberto López Vela, socio de Lavora Abogados Laboralistas.

Concretamente fue citado para una 'información reservada' en la que pasó de denunciante a investigado, y se le comunicó de forma verbal y sin resolución escrita el archivo del protocolo de acoso.

Meses después, la dirección del hospital abrió un expediente disciplinario contra el trabajador por supuestos hechos ocurridos entre 2023 y 2024 que, hasta ese momento, nunca habían sido sancionados.

Este expediente concluyó el pasado 20 de enero con una sanción de 200 días de suspensión de funciones por faltas graves, lo que según su letrado implica que el denunciante haya pasado de ser víctima de acoso laboral a un trabajador conflictivo.

Garantía de indemnidad

La demanda sostiene que esta actuación vulnera la denominada garantía de indemnidad, prohibición legal de represalias contra quienes ejercen sus derechos laborales, un derecho que se apoya en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo.

El procedimiento judicial incorpora un extenso informe pericial psicológico que concluye que el trabajador presenta un trastorno adaptativo con ansiedad directamente vinculado al entorno laboral.

El trabajador solicita en su demanda el reconocimiento de la vulneración de sus derechos fundamentales y la adopción de medidas reparadoras frente a una actuación administrativa que, según denuncia, no lo protegió y además agravó el daño sufrido tras denunciar.

López Vela ha considerado que la demanda señala en conjunto un escenario especialmente grave en el que la administración, lejos de actuar como garante de la protección frente al acoso laboral, habría tolerado y consentido la situación denunciada.

Cuando el trabajador decidió activar los mecanismos legales de protección, la respuesta administrativa no habría sido la investigación eficaz ni la adopción de medidas preventivas, sino la apertura de actuaciones contra el propio denunciante y la posterior imposición de una severa sanción disciplinaria, ha expuesto.