El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado que el despido disciplinario de un minero que guardó material explosivo en una taquilla fue improcedente. La sentencia obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 52.922 euros, además de los salarios de tramitación si opta por su reincorporación.

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2025 en la explotación minera de El Valle-Boinás, en el occidente asturiano. El empleado, que llevaba más de una década en la compañía y trabajaba como artillero de producción, formaba parte de un equipo de tres trabajadores encargado de preparar una voladura.

El origen del despido: un excedente de material explosivo

Durante la operación surgió un problema técnico y quedó un excedente de unos 100 metros de cordón detonante. Los artilleros decidieron retirarlo de la zona con la intención de destruirlo después en una cámara de estéril, algo que, según declararon, ya se había hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, al comprobar que en ese lugar había maquinaria trabajando y que el turno estaba a punto de terminar, optaron por guardar temporalmente el material en una taquilla del equipo de artilleros situada dentro de la mina y cerrada con candado, con la idea de eliminarlo en la siguiente voladura.

La empresa consideró que esta actuación suponía un incumplimiento grave de las normas de seguridad y despidió al trabajador en abril de 2025. No obstante, el Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo declaró improcedente el despido al considerar que la sanción era excesiva, una decisión que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En su resolución, los magistrados señalan que la conducta no fue correcta, pero destacan que también existían prácticas organizativas que podían generar confusión, como la forma de registrar el uso de explosivos. Además, subrayan que no había un protocolo claro para situaciones excepcionales como la aparición de material sobrante tras una voladura.

Por ello, el tribunal concluye que los hechos podían ser sancionables, pero no justificaban la medida más grave, ya que el despido resultaba una reacción desproporcionada.