La Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza ha resuelto un expediente sancionador de forma pionera en el archipiélago balear, aplicando un mecanismo que transforma una multa ejemplar en una solución de vivienda social.

Según informaciones de El Debate, una propietaria de un piso en Sant Antoni, que comercializaba su inmueble a través de Airbnb sin la preceptiva licencia turística, ha visto reducida una sanción inicial de 275.000 euros a 33.000 euros.

La rebaja del 80% ha sido posible después de que la afectada decidiera retirar la vivienda del mercado ilegal y adherirse al programa ‘Alquiler Seguro’ impulsado por el Govern que preside Marga Prohens.

El acuerdo, gestionado por el despacho Soriano i Piqueras, evita así el procedimiento judicial y resuelve la vía administrativa con un beneficio doble para el interés público. La propietaria se compromete a mantener el piso en el circuito de alquiler residencial durante los próximos cinco años, con un precio fijado por la administración autonómica.

A cambio, la Comunidad le garantiza el cobro puntual de la renta durante todo ese periodo, además de dar por zanjado el conflicto sancionador.

Un mecanismo legal con doble beneficio social

Tal y como reporta El Debate, el vicepresidente primero del Consell de Ibiza y responsable de Ordenación Turística, Mariano Juan, ha valorado positivamente el desenlace del expediente. Según ha explicado, "es el primer caso en las Islas Baleares en el que, una vez detectado un piso turístico por parte del Consell, este acaba integrado en un programa de alquiler social".

La operación permite retirar de manera inmediata una plaza turística ilegal del mercado e inyectar una vivienda en el deprimido parque de alquiler de la isla, donde la demanda supera con creces la oferta disponible.

El programa autonómico ‘Alquiler Seguro’, en vigor desde el año pasado, actúa como un paraguas para los propietarios que deciden poner sus inmuebles a disposición del Ejecutivo balear.

A cambio de ceder la vivienda por un período máximo de siete años, el propietario recibe una renta garantizada, mientras que la administración se encarga de alquilarla a un precio hasta un 30% inferior al de mercado.

La Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha ajustado sus procedimientos sancionadores para fomentar esta conversión, buscando que los pisos que operan sin título habilitante den el salto directo al mercado residencial.