La Guardia Civil ha golpeado uno de los principales focos de producción y distribución de artículos falsificados en Canarias. La denominada operación Labelha culminado con la incautación de 70.000 prendas y complementos de imitación -ropa, bolsos, carteras y cinturones- con un valor de mercado cercano a los 7 millones de euros, y ha dejado a 19 personas investigadas por delitos contra la propiedad industrial.

El punto de arranque de la investigación fue la detección de venta y distribución de productos que copiaban marcas registradas en distintos puntos de ambas islas. Esa pista llevó a los agentes a inspeccionar una veintena de locales y almacenes dedicados a la exposición y comercialización de mercancía fraudulenta. Entre todos ellos destacaba un local situado en el sur de Tenerife que funcionaba como centro neurálgico de la red: un taller clandestino donde se fabricaba la ropa falsificada que después se redistribuía hacia los diferentes puntos de venta.

En el interior de ese recinto, los investigadores hallaron maquinaria industrial de serigrafiado, prensadoras, impresoras láser y equipos informáticos utilizados en la producción del material ilícito. Junto a todo ese arsenal productivo, se requisaron más de 22.000 euros en metálico, joyas y varios lingotes de oro, un conjunto tasado en más de 300.000 euros.

Para acreditar la falsedad de los artículos confiscados, la operación contó con la participación de un perito judicial especialista en marcas y propiedad industrial, cuyo dictamen fue determinante para establecer el valor final del género incautado. Previamente, los agentes habían desarrollado una intensa labor de vigilancia e identificación de los establecimientos implicados, un trabajo que resultó imprescindible para poder actuar con garantías sobre todos los locales investigados.

La operación fue ejecutada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal de la Sección Fiscal de los Aeropuertos Tenerife Sur, con el respaldo de la Unidad homóloga del aeropuerto de Tenerife Norte y el apoyo del personal de las Patrullas Fiscales y de Fronteras de las Compañías territoriales.

El instituto armado considera desarticulado con esta intervención un nodo clave en la cadena de producción y distribución de falsificaciones en el Archipiélago, y aprovecha para lanzar un mensaje dirigido al consumidor final, advirtiendo de las consecuencias negativas que conlleva la adquisición de productos de imitación.