Castilla y León alcanza hoy los 43 años de autogobierno, aunque en esta ocasión no habrá acto institucional para conmemorar este ‘cumpleaños’ del Estatuto de Autonomía al estar disueltas las Cortes y convocadas las elecciones autonómicas del 15 de marzo, cuya campaña comienza en la medianoche del jueves al viernes próximo. Tras tres reformas, la última en 2007, el texto no vislumbra a corto plazo ninguna ampliación más.

La máxima norma de la Comunidad, que fue sancionada por el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela un 25 de febrero de 1983 y se publicó el 2 de marzo de ese año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha visto empañado su aniversario por el periodo electoral, pues los partidos políticos encadenan estos días actos, mítines y presentaciones, sin espacio en sus agendas para compartir un acto institucional.

No es la primera vez que el Estatuto se queda sin una gran celebración. En 2022 y en plena pandemia del COVID, las Cortes optaron por organizar una simple declaración institucional ya que pilló al parlamento disuelto, al haber tenido ya lugar las últimas autonómicas el día 13 y no haberse constituido las nuevas Cortes.

En este escenario electoral, el Estatuto cumple 43 años, pero ya no es el que nació con dudas identitarias y territoriales en 1983. Durante cuatro décadas, la carta autonómica se ha fortalecido en competencias, nuevas instituciones y derechos ciudadanos. Fue el último de los 17 de las comunidades en aprobarse, aunque hoy reúne una cota de autogobierno similar al resto de autonomías, después de tres reformas, la última definida como de “nueva generación” y de las personas.

Han sido tres las modificaciones del texto original, que han permitido que la Comunidad gestione la educación, sanidad, servicios sociales, que cuente con instituciones propias como el Procurador del Común, Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo o que reúna una carta propia de derechos subjetivos de los castellanos y leoneses.

Intentos fallidos

Sin embargo, Castilla y León no ha podido cumplir con la aspiración de tener las competencias sobre la cuenca del Duero y las aguas de la Comunidad. En la reforma de 1999, PP y PSOE encimaron al Congreso un texto ambicioso para gestionar la cuenca, pero se matizó en Madrid. En 2007, se volvió a plantear la competencia sobre las aguas con nacimiento en Castilla y León y que deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad. Se recogió en un nuevo artículo, 75.1, de la reforma, pero en marzo de 2011 el Tribunal Constitucional le anuló.

Otros tres intentos de revisión también jalonan parte del recorrido de la norma institucional básica. En la segunda legislatura, la coalición de Gobierno de la entonces Alianza Popular y CDS registraron en mayo de 1988 una propuesta de reforma, asentada en el artículo 148.2 de la Constitución, para asumir nuevas competencias, como la educación, pasados cinco años desde su aprobación. Recibe 48 síes (AP, CDS y PDP) y 30 noes (PSOE). La Junta de Portavoces del Congreso nunca la incluyó en el orden del día y seis años después fue retirada.

El segundo intento es más reciente. En febrero de 2016, se creó un grupo de trabajo que analizó medidas de regeneración democrática, como limitar mandatos, eliminar los aforamientos políticos o reducir el número de procuradores, reflexión que pidió abrir el PP, sin que hubiera acuerdo. El trabajo se paró por las elecciones generales de junio de ese año, y ya no se volvió a retomar.

El pacto de gobernabilidad entre PP-Ciudadanos de julio de 2019 recogió la eliminación de los aforamientos. Los socios registraron una proposición de ley en septiembre, pero PSOE y Podemos se decantaron por una reforma más ambiciosa, como incluir un suelo social. Populares y socialistas se acusaron de “volar puentes”. Era la crónica de una muerte anunciada. El pleno de las Cortes rechazó la reforma en marzo de 2020, al no contar con la mayoría de dos tercios, pese a estar todos de acuerdo en suprimir privilegios políticos. La revisión de la máxima norma quedó así bloqueada un año.

El gobierno de PP-Vox no contempló en su acuerdo la reforma del Estatuto de Autonomía, al tiempo que el PP, ya en solitario, tampoco intentó reformar el Estatuto desde su minoría parlamentaria.

Los hitos del Estatuto

La primera reforma arrancó del pacto nacional entre el Gobierno, PSOE y PP. En febrero de 1992 se intentó avanzar en el estado de las autonomías y equiparar a las diez comunidades de la llamada ‘vía lenta’, las que accedieron a través del artículo 143 de la Constitución. El acuerdo se limitó, como materia principal a la educación.

El Congreso aprobó la ley orgánica el 23 de diciembre de 1992. PP y PSOE promovieron la reforma del Estatuto en Castilla y León. Así, 77 procuradores de ambos grupos presentaron el 12 febrero de 1993 la iniciativa como proposición de ley de artículo único para la transposición de competencias de la ley orgánica.

El texto contó con la oposición de CDS e IU por entender que la reforma llegaba impuesta desde arriba, que se consagraba a Castilla y León como comunidad de segunda y que no se equiparaba a las del 151. Se tramitó por urgencia y se rechazaron las enmiendas de CDS e IU. El pleno aprobó la proposición de ley el 31 de marzo de 1993. El Congreso dio luz verde sin cambios el 24 de marzo de 1994.

En la segunda reforma, aprobada por el Congreso en enero de 1999, se revisó en profundidad todo su articulado, y se incluyeron figuras como la creación del Consejo Económico y Social, Procurador del Común -primera comunidad en contar con un defensor autonómico-, cuestión de confianza y disolución anticipada de las Cortes.

Pero la propuesta de la Comunidad de contar con la administración y control del dominio público hidráulico de la cuenca del Duero fue suprimida, al considerar que es competencia exclusiva del Estado. Se introdujo, a modo de compensación, una disposición adicional que prevé la posibilidad de una futura cooperación con el Estado a través de convenios bilaterales.

La tercera y última reforma se aprobó en octubre de 2007 en el Congreso y en diciembre en el Senado. Sus ponentes de PP y PSOE la calificaron como la de los ciudadanos por la carta de derechos que introduce -vivienda, salud o renta de ciudadanía, entre otros-, la redacción de un Plan de Convergencia para corregir desequilibrios y las relaciones de Castilla y León con el resto de autonomías, el Gobierno y Europa.

Según señalaron sus redactores, la Comunidad disponía así de un Estatuto de “última generación”, que culminó un trabajo iniciado en junio de 2004 cuando el entonces presidente de la Junta Juan Vicente Herrera planteó a los grupos la posibilidad de revisar la norma básica para ampliar el autogobierno con competencias como la gestión de la Cuenca del Duero -se incluyó pero el TC la dejó sin efecto-, entre un listado de 40 materias.

Acto institucional

Habitualmente, la Mesa de las Cortes suele acordar la concesión de la Medalla de Oro unas semanas antes de la celebración del aniversario del Estatuto de Autonomía, norma básica institucional aprobada el 25 de febrero de 1983, sobre la que se sustenta el autogobierno de la Comunidad.

Además, convoca a los procuradores, a los expresidentes de las Cortes y de la Junta, así como a otros representantes locales y nacionales de Castilla y León, como diputados, senadores, eurodiputados, concejales, alcaldes y los responsables de las instituciones propias -Consejo Económico y Social, Consejo de Cuentas, Procurador del Común y Consejo Consultivo-. Además, suelen acudir los máximos dirigentes de UGT, CCOO en la Comunidad, la patronal y las organizaciones profesionales agrarias.

En 2025, las Cortes concedieron por unanimidad la Medalla, en su categoría de oro, a la Semana Santa de la Comunidad, distinción que se entregó en el acto del Estatuto de Autonomía, que tuvo lugar el 28 de febrero. En 2024, se otorgó a todos los deportistas nacidos en Castilla y León que habían medallistas olímpicos y paralímpicos, y en 2023, pese que se celebrara el 40 aniversario, no hubo distinción por falta de consenso.