El PP denunció que el Gobierno decidió reasignar 20 millones de euros previstos en los presupuestos de 2025 para indemnizar a los ganaderos afectados por ataques de lobos, destinándolos en su lugar al programa de incentivos para el coche eléctrico MOVES III. La información consta en un documento oficial remitido a la Oficina Presupuestaria del Congreso.

La portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta para la Unión Europea, Milagros Marcos, aseguró hoy a Ical que esta medida “no solo incumple la normativa nacional y europea que permite a las comunidades autónomas controlar la población de lobos, sino que además se quedan con el dinero de los ganaderos que han perdido sus rebaños por ataques del lobo”. Según la dirigente, “los ataques se han incrementado en más de un 60 por ciento de media en la comunidad autónoma, y aun así el Gobierno decidió pasarlo al MOVES III para financiar medidas vinculadas con la movilidad y con el coche eléctrico”.

Según Marcos, el plazo para enviar el informe sexenal terminó el 31 de julio de 2025, y los datos fueron cerrados por todos los técnicos de todas las comunidades autónomas en diciembre de 2024. El Comité de Expertos, del que forma parte también el Gobierno, aprobó los datos en julio de 2025, y la Conferencia Sectorial estaba convocada una semana después. Sin embargo, “¿qué hicieron? Desconvocar la Conferencia Sectorial y hasta hoy no la han convocado con carácter ordinario”, denunció Marcos, en lo que calificó como “una maniobra para no aprobar los datos y no tener que enviarlos a Bruselas”.

Como consecuencia de esta inacción, según la dirigente, “Bruselas nos ha abierto un expediente sobre el incumplimiento del envío de la información en plazo”, señaló la portavoz, quien añadió que los consejeros de las comunidades autónomas, ante la falta de acción del Gobierno, enviaron el informe directamente a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Marcos entregó personalmente el documento en su comparecencia en el Congreso y aseguró que “ahora estamos esperando a ver si la comisaria, al no llegar por el cauce oficial, lo tiene en cuenta o no. El informe es válido, hecho por todos los expertos y avalado por todas las comunidades autónomas que forman el órgano oficial”.

La portavoz subrayó que la situación tiene consecuencias directas para Castilla y León. “La Junta de Castilla y León las está transfiriendo con sus propios fondos. De otro sitio lo tienen que quitar, evidentemente. El Gobierno se ha quedado con el dinero y los ganaderos sufren primero los ataques porque no dejan controlar al lobo y después sin dinero porque no les pasan las ayudas”.

Marcos insistió en que “no se trata de eliminar lobos por eliminar lobos. Se trata de garantizar incluso su supervivencia, porque si no, estamos viendo como machos mayores atacan a jóvenes de su propia especie, y los accidentes de tráfico se han multiplicado por dos”.

Sobre los fondos, denunció que “con puro chantaje, se han quedado con el dinero de las ayudas a los ganaderos, un dinero que está en la ley de presupuestos del año 22, porque llegamos sin presupuestos desde el año 22. Son 20 millones para indemnizar a los ganaderos de toda España, que es poco con el crecimiento de los daños, pero en lugar de transferírselo a las comunidades autónomas, se lo han quedado y se lo han pasado al MOVES III, al coche eléctrico”.

Finalmente, Marcos reiteró que “con los mismos criterios y con los datos técnicos que tenemos, se podría controlar la población del lobo en toda España, reducir considerablemente los ataques a la ganadería y garantizar la coexistencia con el medio rural. Lo que pedimos es que el Gobierno cumpla con la normativa y transfiera los fondos a las comunidades autónomas sin más retrasos”, concluyó.