El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido un fallo en el que declara procedente el despido de un operario de conservación de carreteras que fue interceptado por la Guardia Civil mientras conducía una furgoneta de la compañía con presencia de drogas en su organismo.

Según la sentencia, recogida y reportada por Infobae, el incidente, ocurrido en la madrugada del 1 de marzo de 2025, llevó a la empresa a iniciar un expediente sancionador que culminó con la extinción del contrato, una decisión que ahora ha sido convalidada en sede judicial tras agotarse las dos instancias previas.

El empleado afectado había prestado servicios durante más de veintiséis años para la empresa, encargada de la explotación y el mantenimiento de varios tramos de la AP-6 y la A-6, incluyendo sus túneles.

Su categoría profesional era la de operario de vialidad, lo que implicaba, entre otras responsabilidades, la conducción de vehículos de servicio para atender emergencias, retirar obstáculos de la calzada o realizar labores de señalización y limpieza en condiciones que a menudo entrañaban un riesgo elevado para la seguridad vial.

Además, durante los meses de invierno, sus funciones se extendían a la operación de máquinas quitanieves y al esparcimiento de fundentes, tareas que requieren un estado físico y mental óptimo.

Los hechos se desencadenaron alrededor de la 1:30 de la madrugada del día señalado, cuando una patrulla de la Guardia Civil interceptó al trabajador en la rotonda de la estación de autobuses de San Rafael, en la provincia de Segovia.

Los agentes, al observar indicios de posible conducción bajo los efectos de estupefacientes, solicitaron al conductor una prueba salival de detección rápida. El resultado del test ofreció un positivo por THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo de la empresa en el mismo lugar, lo que obligó a la compañía a movilizar a dos operarios adicionales para retirar la furgoneta y reanudar las tareas de vialidad que el ahora despedido estaba realizando.

Los hechos que llevaron al cese

La empresa, que debido a una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología tenía activados todos sus dispositivos de vialidad invernal para hacer frente a posibles nevadas, tuvo conocimiento del positivo y de la inmovilización del vehículo. Días después, el 4 de marzo de 2025, la dirección abrió un expediente disciplinario.

Según Infobae, el trabajador, que en el momento del control manifestó su intención de someterse a un análisis de sangre que finalmente no se practicó, no presentó alegaciones por escrito, aunque el comité de empresa sí intervino en el procedimiento.

El 18 de marzo le fue notificada la carta de despido, en la que se le imputaba una falta muy grave tipificada tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo del sector, basada en la transgresión de la buena fe contractual y en la conducción de un vehículo corporativo bajo la influencia de drogas.

El análisis confirmatorio de la muestra tomada por la Guardia Civil, remitido posteriormente a la Dirección General de Tráfico, corroboró la presencia de cannabis y cocaína en el organismo del empleado.

Frente a ello, el trabajador aportó un análisis de orina de mayo de 2025 con resultado negativo en THC, pero los magistrados han considerado que la prueba realizada en el momento de los hechos, por su inmediatez, es la determinante.

El Juzgado de lo Social número 1 de Segovia ya había declarado procedente el despido en octubre de 2025, y ahora el Tribunal Superior confirma íntegramente aquella sentencia, desestimando el recurso del operario y dando por válida la decisión empresarial.