Cataluña impulsa su ley “antigrafitis”: estas son las altas multas por pintar los trenes de Rodalies

El Parlament de Catalunya ha dado este miércoles el primer paso para endurecer las sanciones contra las conductas que deterioran o ensucian las infraestructuras ferroviarias, especialmente los grafitis. La cámara ha aprobado tramitar por el procedimiento de lectura única una proposición de ley impulsada por el grupo socialista, con el apoyo de la mayoría de formaciones: todos los grupos han votado a favor excepto la CUP, que se ha posicionado en contra, y los Comuns, que se han abstenido.

La iniciativa plantea modificar la Ley ferroviaria 4/2006 con el objetivo de ampliar y concretar el catálogo de infracciones. Entre las conductas sancionables se incluyen acciones como destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier elemento vinculado al servicio ferroviario, tanto en instalaciones como en el material rodante. Además, el texto incorpora de forma explícita las pintadas y grafitis en trenes y otros espacios ferroviarios como infracciones tipificadas.

Sanciones

Uno de los ejes centrales de la reforma es el endurecimiento de las sanciones económicas. El nuevo marco prevé triplicar los importes actuales y establecer tres niveles de infracción. Las faltas leves podrán conllevar desde una advertencia hasta multas de hasta 18.000 euros; las graves se sancionarán con cantidades de entre 18.001 y 90.000 euros; y las muy graves podrán alcanzar cifras de entre 90.001 y 900.000 euros, en función de la gravedad de los daños causados.

La proposición también pone el foco en el impacto económico que estas conductas tienen sobre el sistema ferroviario. Según datos de Renfe recogidos en la exposición de motivos, la limpieza de grafitis en los trenes costó en 2023 un total de 11,6 millones de euros en Cataluña, lo que representa cerca de la mitad del gasto registrado en todo el Estado. Esta cifra equivale a unos 32.000 euros diarios, reflejando la dimensión del problema y la presión que ejerce sobre los recursos públicos.

Con la aprobación de este trámite inicial, se abre ahora un periodo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado. El debate y la votación definitiva de la ley podrían celebrarse en una próxima sesión plenaria.

Durante el debate, la CUP ha sido la única formación que ha rechazado la propuesta. Su diputado, Dani Cornellà, ha reconocido la existencia de una problemática real en torno a los grafitis, pero ha criticado que se sitúe como eje central del debate. A su juicio, las deficiencias del servicio ferroviario responden a causas más amplias, que incluso han provocado la supresión de trayectos y afectan directamente a los usuarios. Cornellà ha acusado a los gestores ferroviarios de utilizar a los grafiteros como “chivo expiatorio” para desviar la atención de problemas estructurales de la red.

En este sentido, ha cuestionado la eficacia de endurecer las sanciones y ha reclamado abordar otros factores que generan incidencias, como la caída de árboles en las vías. También ha propuesto cambios legislativos que permitan a Adif actuar de forma preventiva fuera del dominio público sin necesidad de permisos, y ha pedido que la misma exigencia que se plantea para los autores de pintadas se aplique también a los responsables de la gestión ferroviaria.