El debate sobre la vivienda volvió a tensar parte de la sesión de control en el Parlament de Cataluña tras el acuerdo alcanzado entre el Govern de Salvador Illa y los comuns para prohibir la compra de vivienda con fines especulativos. El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, protagonizó una de las intervenciones más duras de la jornada, acusando al ejecutivo de criminalizar a los propietarios, atacar la propiedad privada y repetir —a su juicio— políticas fallidas que solo agravan el problema del acceso a la vivienda.

Fernández arrancó su intervención con una pregunta directa al president: «¿Considera usted que un matrimonio jubilado, con tres propiedades, es una pareja de especuladores?». Desde ahí, elevó el tono y cuestionó la legitimidad moral y política del Govern para etiquetar como “especuladores” a miles de propietarios. «¿Quién carajos son ustedes para llamar especuladores a miles de propietarios? ¿Quién carajos se creen ustedes para decirle a la gente lo que tienen que hacer con sus ahorros?», lanzó desde el atril.

En su discurso, el dirigente popular acusó al ejecutivo de actuar movido por “buenas intenciones” que acaban teniendo efectos perversos. De forma explícita, recordó la limitación de los precios del alquiler impulsada en anteriores legislaturas, asegurando que, lejos de abaratar los arrendamientos, «no ha parado de subir desde entonces». A su juicio, la nueva propuesta para prohibir la vivienda especulativa seguirá el mismo camino: «Ya les avanzo cómo acabará la historia. Habrá más especulación que nunca». Fernández fue más allá al atribuir al Govern una intención ideológica de control. Según dijo, la medida no solo fracasará en sus objetivos declarados, sino que servirá para instaurar un sistema de vigilancia sobre la propiedad privada: «Lograrán lo que realmente pretenden: comisarios del PSC vigilando la propiedad privada de la gente», afirmó. El líder del PP catalán defendió que el derecho a la vivienda debe ser garantizado por los gobiernos y no por los propietarios privados, subrayando que sin propiedad privada no puede haber democracia. Sostuvo que ambos derechos —vivienda y propiedad— son compatibles, pero acusó al Govern de no entenderlo o de negarse a aceptarlo.

En uno de los momentos de su intervención, Fernández recurrió a un tono sarcástico y pedagógico para reforzar su argumento: «Se lo voy a explicar despacito, de manera pedagógica y sencilla, tipo Barrio Sésamo, para que incluso ustedes lo entiendan. Si tú te compras un piso y lo pagas, el piso es tuyo». Hizo repetir la frase, rematando con un «punto redondo, se acabó el debate». La intervención concluyó con una arenga ideológica en la que expresó el hartazgo de su grupo con fenómenos como la okupación y lo que calificó de “perroflautismo y socialismo”, cerrando con una exigencia clara al Govern: «Respeten la propiedad privada».

Hoover vs Roosevelt

El president Salvador Illa respondió con un contraataque político e histórico. En primer lugar, comparó a Fernández con Herbert Hoover, al que definió como el símbolo de la pasividad ante la crisis del 29. Según Illa, Hoover confiaba ciegamente en que «la ley del mercado, la oferta y la demanda, arreglarían las cosas», una actitud que, en su opinión, condujo al desastre económico. Frente a ese modelo, Illa reivindicó la figura de Franklin Delano Roosevelt, al que calificó como «el mejor presidente de la historia de Estados Unidos» por haber aplicado "políticas keynesianas e intervencionistas" para hacer frente a la crisis. Con esta comparación, el president situó el debate en un marco ideológico claro: intervención pública frente a laissez-faire.

Illa reconoció explícitamente que su Govern puede cometer errores. «Yo cometeré errores. Si los cometo, los corregiré e intentaré no cometerlos», afirmó. Sin embargo, defendió que su prioridad es actuar ante la emergencia habitacional: «No me quedaré con los brazos cruzados». En ese sentido, sostuvo que prefiere ser criticado por aplicar políticas audaces para mejorar el acceso a la vivienda que por no hacer nada.

En su respuesta, el president insistió en que el Govern respeta la propiedad privada, pero recordó que esta tiene una función social. De forma implícita, replicó a la visión absolutista defendida por Fernández, subrayando que la intervención pública no es incompatible con la democracia ni con los derechos individuales, sino una herramienta legítima para corregir desequilibrios graves del mercado.