El Tercer Sector pide a la Generalitat invertir 100 millones de euros para abordar el sinhogarismo en Cataluña

El tercer sector social reclama una política "urgente, contundente y coordinada" frente al aumento del sinhogarismo en Cataluña. Así lo ha asegurado este martes en una rueda de prensa convocada por la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Cataluña y las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), en la que han expresado que el modelo actual para abordar este fenómeno social ya existe, pero que su despliegue es "insuficiente". En parte, dicen, porque el sinhogarismo incluye diversas "formas de vida", más allá de la calle.

Vivir en habitáculos inseguros, sufrir situaciones de realquiler y hacinamiento u otras formas de exclusión residencial "invisibles" son algunos ejemplos. "Tenemos casos claros y recientes de cómo este problema está creciendo: los desalojos en el Aeropuerto del Prat, la Zona Franca de Barcelona o el B9 en Badalona", ha declarado Xavier Trabado, presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Cataluña, sobre un asunto que "vulnera los derechos básicos de las personas que se encuentran en estas circunstancias".

Más financiación

Ante esta situación, las entidades han exigido que la Generalitat debe destinar un mínimo de 100 millones de euros este 2026 para "dar una respuesta de emergencia razonable" al fenómeno del sinhogarismo. Además, Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, ha expresado que esa financiación debería crecer de forma "significativa" y multiplicarse por cuatro entre 2026 y 2030. "Es importante que los recursos lleguen a los ayuntamientos de todo el territorio y no solo a Barcelona y a su área metropolitana", ha dicho.

Al mismo tiempo, las plataformas han reclamado al Parlament la aprobación de la proposición de ley del sinhogarismo en Cataluña. Principalmente, porque con ella se cumplirían estos requisitos: ofrecer derechos a las personas que viven en la "intemperie legal", abordar una coordinación entre administraciones y políticas públicas, aportar equidad territorial y tener un marco jurídico "estable" para la autonomía en los próximos 10 años.

"Las administraciones deben tener más coordinación. En la actualidad, los entes y las entidades estamos participando en más de 15 grupos de trabajo. Han de tener una actuación inmediata y urgente, porque las personas en sinhogarismo llevan mucho tiempo esperando una respuesta", ha sentenciado Bea Fernàndez, miembro de la junta directiva d’ECAS, que ha aclarado que participarán "donde haga falta", pero ha exigido que se sea "más eficiente" en la gestión del tiempo y los recursos desplegados.

Marco legal y datos

Las agrupaciones del Tercer Sector también han pedido que se cumpla y refuerce el Marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña. "Su despliegue ha sido insuficiente. No ha cumplido las expectativas", ha añadido Fernàndez, a tal efecto. Sobre el modelo de acompañamiento, por otro lado, las entidades han defendido que debe aplicarse de forma "homogénea" a todas las personas sin hogar en la autonomía, para que su atención no dependa solamente del municipio donde residen.

Según el Comité d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS), más de 4.700 personas han utilizado recursos de atención en 2024 para afrontar el sinhogarismo. Por su parte, el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) apunta que la tasa de pobreza y exclusión social en Cataluña roza el 25% y cerca del 15% de la población asume retrasos en pagos relacionados con la vivienda. "Estos índices genéricos no los tenemos en relación al sinhogarismo", ha declarado Martí Batllori, vicepresidente de Cáritas Cataluña, sobre otra de las cuestiones que "dificulta el abordaje de esta situación social".

Las plataformas sociales igualmente han llamado a combatir "la estigmatización de los que se encuentran en situación de sinhogarismo". "Es un fenómeno multicausal que responde a la crisis de la vivienda, pero que si se acompaña con discursos de odio, hace que las personas tengan una falta de oportunidades para ejercer el derecho a la vivienda", ha concluido Bárbara Díaz, coordinadora de Cruz Roja en Cataluña.