El debate sobre la prohibición del burca y el nicab ha vuelto con fuerza esta semana al Congreso de los Diputados, tras una iniciativa impulsada por Vox que no prosperó y que solo contó con el apoyo del Partido Popular. Pese a su rechazo, la propuesta de la formación de extrema derecha reabrió un debate que hasta ahora había estado en gran medida monopolizado por Vox en el ámbito estatal y por Aliança Catalana en Cataluña.

A partir de ese momento, otras fuerzas políticas han decidido entrar de lleno en la discusión. Junts per Catalunya registró el mismo día una proposición de ley para prohibir el uso del velo integral en los espacios públicos, un texto que el PSOE se ha abierto a estudiar. Dos días más tarde, el PP presentó una iniciativa similar y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha empezado también a definir su posición.

La propuesta de los republicanos se desmarca de una prohibición penal directa. Según fuentes del partido, ERC no es partidaria de tipificar el uso del burca como delito ni de imponer sanciones económicas a las mujeres que lo lleven. En cambio, defiende una estrategia para “desincentivar” su uso mediante fórmulas alternativas, como la obligatoriedad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad. El objetivo, sostienen, es doble: reducir la presencia del velo integral y favorecer el contacto de estas mujeres con el tejido social para evitar situaciones de aislamiento. El propio líder de ERC, Oriol Junqueras, alertó esta semana de que convertir el burca en un delito podría aislar todavía más a las mujeres que lo usan. A juicio de los republicanos, una prohibición estricta y punitiva podría acabar expulsándolas del espacio público, una línea roja que también ha señalado el PSOE respecto a la iniciativa de Junts.

Durante el debate parlamentario, la diputada de ERC Pilar Vallugera dejó clara la posición política del partido: rechazo frontal al burca y al nicab, pero sin criminalizar a las mujeres. En la misma línea se expresó al día siguiente el portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, quien calificó el burca de “salvajada” y defendió que una izquierda laica debe poder combatirlo sin complejos y sin ser acusada de racismo.

Tras el rechazo de la propuesta de Vox, Junts y el PP han registrado sus propios textos. La proposición de Junts, de apenas tres páginas, plantea la prohibición en el espacio público de prendas que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan la identificación, pero no prevé sanciones específicas. Fuentes de la formación sostienen que el componente disuasorio es suficiente y que ya existen herramientas legales, como el delito de desobediencia, para actuar en caso de negativa a identificarse.

La iniciativa del PP es muy similar en su redacción, incluida la previsión de excepciones por motivos médicos o laborales, pero introduce sanciones económicas: multas de 100 euros por llevar burca y de 600 en caso de reincidencia, además de castigar a quienes inciten a su uso. No obstante, los populares abren la puerta a sustituir las multas por la participación voluntaria en programas públicos de sensibilización o integración social, un planteamiento que se aproxima al enfoque defendido por ERC. La propuesta del PP cuenta con el aval de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, en el caso del texto de Junts, y recuerda que el Código Penal ya contempla delitos como amenazas, coacciones o violencia.

ERC comparte la necesidad de regular el uso del burca y el nicab en espacios públicos por considerarlos contrarios a la dignidad de las mujeres, pero insiste en evitar medidas punitivistas. La formación aún no ha decidido si presentará enmiendas a la ley de Junts ni qué vía concreta defenderá, aunque se muestra abierta a debatir una prohibición sin sanciones económicas ni penales.

La toma en consideración de la proposición de ley de Junts está prevista para finales de marzo. El texto, registrado tras rechazar la iniciativa de Vox, se limita a establecer la prohibición del velo integral en el espacio público y no introduce reformas del Código Penal. Además, plantea delegar a la Generalitat competencias ejecutivas en ámbitos como la seguridad ciudadana, el control de fronteras y la emisión de documentos de identificación, al amparo de la Constitución.