Cuidar de una mascota es para muchos un motivo de alegría, aunque también implique tener un sentido de la responsabilidad. Con todo, la gran mayoría de personas que velan por una mascota la consideran como un miembro más de la familia, en un momento social en el que la fecundidad registra mínimos históricos en Cataluña.

Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), 53.793 bebés nacieron en la comunidad autónoma en 2024, lo que representa un descenso del 0,8% en relación al año anterior. En ese mismo año, sin embargo, el censo autonómico de animales computó más de 100.000 nuevas altas, por lo que se inscribieron el doble de mascotas que de bebés.

Revisar el ADN

La presencia de perros es cada vez más latente en las calles, y con ello, las quejas vecinales por los excrementos que dejan los propietarios de algunas mascotas en la vía pública. Por eso, los ayuntamientos de varios pueblos y ciudades catalanas están buscando medidas para paliar esta problemática.

En concreto, los consistorios están analizando el ADN canino como medida disuasoria. Una iniciativa que permite identificar el dueño del perro y sancionarlo, a partir del análisis de las deposiciones del animal.

Requisitos

En estos momentos, hay una veintena de municipios catalanes que aplican esta iniciativa. En total, en el Estado, se contabilizan unos 80: la mayoría se ubican en Cataluña y la Comunidad Valenciana (45). La eficacia del sistema radica en que la ordenanza municipal obligue a los propietarios de los perros a censarlos y a realizarles un test genético en el veterinario.

Así, el análisis del excremento posibilita conocer al autor de la deposición. En el caso catalán, se prevé que Tarragona se convierta en la ciudad más grande de la comunidad en implantar este sistema y la tercera de España, por detrás de Málaga y Alcalá de Henares.

Multas y alternativas

En este sentido, el Ayuntamiento de Tarragona comenzó una campaña informativa para hacer censar el ADN de los perros antes del 15 de agosto. Como consecuencia, los propietarios de los animales que no estén en el registro desde ese momento podrán ser sancionados con 1.500 euros.

Por contra, los municipios que han decidido no instaurar esta práctica —por los costes que supone y porque se necesita una gran base de datos— , optarán por aumentar el importe de las sanciones ante esta cuestión.

Así pues, los municipios que tienen en funcionamiento el sistema del ADN canino son los siguientes, según '324': Balsareny, Caldes de Montbui, Callús, Campdevànol, Cornellà de Llobregat, El Pont de Suert, Hostalets de Pierola, La Seu d’Urgell, Les Franqueses del Vallès, Montmeló, Navarcles, Parets del Vallès, Polinyà, Ribes de Freser, Sant Fruitós del Bages y Sant Joan de Vilatorrada, Suria, Tordera y Vilanova del Camí.

Las localidades que aún están pendientes de aplicarse este método son: Martorell, Santa Margarida de Montbui, Arenys de Munt, Igualada y Tarragona.