El Tribunal Supremo condena a una tránsfuga de Ciudadanos a devolver su sueldo

Purificación Lluch se presentó por Ciudadanos en las listas municipales de la Font de la Figuera. No obstante, tras ser elegida pidió la baja del partido para saltarse la disciplina de voto que marcaba su partido y votar a Vicent Muñoz (Compromís) alcalde a la localidad. Ahora el Tribunal Supremo ha ordenado que los 18.120 euros percibidas en la pasada legislatura (2015-2019). Quitó así la alcaldía al PP, que pese a obtener un 43 por ciento de los votos se quedó sin la Alcaldía.

El Tribunal Supremo considera que queda probado que el voto de Lluch le valió para mejorar en su estatus de concejal, ya que el alcalde le recompensó con diferentes responsabilidades. “Fue nombrada primer Teniente de Alcalde y la retribución que conlleva de 350 euros al mes; concejal delegada del Área de Promoción Económica y Turismo, Sanidad y Tránsito; miembro de la Junta de Gobierno Local; representante de la Corporación en la Asamblea General del Consorcio de Bomberos de Valencia y en la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias de la Generalitat Valenciana con 42 euros por desplazamiento y el de Tesorera-depositaria, con retribución de 150 euros al mes”.

Todos esos nombramientos fueron impugnados por la ex alcaldesa popular de esta localidad, María José Penadés ya que la concejal tránsfuga pasó a ostentar de manera inmediata un incremento de sus derechos civiles y políticos, derechos que no ostentaba con anterioridad.

En noviembre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya sentenció que el el Ayuntamiento de la Font de la Figuera (Valencia) debía anular todos los nombramientos de la concejala no adscrita Purificación Lluch, expulsada de Ciudadanos en 2015, salvo su cargo en el consejo agrario municipal.

Cuentas con la Justicia

Este mismo año un un juez declaró nula la compra de una parcela que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Font de la Figuera realizó al suegro del teniente, el socialista Mariano Ferriz para construir un centro de día. La sentencia, afirma que no queda justificada la adquisición directa de este suelo, dado que no hay ninguna causas objetivas para que se pueda obviar un procedimiento abierto. Además, remarca que no se negoció el precio del mismo y que no se puede admitir que esta compra tuviera que realizarse de manera urgente.