La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre los contratos realizados por el Patronato Municipal de Turismo de Castelló durante 2024 tras apreciar indicios que justifican su análisis, según han informado este lunes representantes de la oposición municipal.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha señalado que el Ministerio Fiscal “ha visto indicios suficientes para investigar qué es lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Castelló, en concreto en el Patronato Municipal de Turismo”, después de las denuncias presentadas por su grupo y Compromís.

Puerta ha indicado que hasta ahora existían “advertencias técnicas” de la Intervención General municipal, pero que con la actuación de la Fiscalía “se da un paso más”. En este sentido, ha apuntado que más del 70% de la gestión del gasto del Patronato se habría realizado mediante contratos menores, lo que, a su juicio, supone “falta de planificación” y “una falta de transparencia total”.

La portavoz socialista ha cifrado en más de 680.000 euros los contratos menores adjudicados y ha asegurado que se trata de servicios “previsibles y recurrentes”, como FITUR o campañas turísticas, lo que, según ha dicho, evidenciaría “una forma de gobernar” del equipo municipal.

Asimismo, ha subrayado que el informe de la Intervención advierte de posibles irregularidades, al señalar la existencia de contratos reiterados con un mismo proveedor que “pueden incurrir en fraccionamiento”, lo que podría suponer un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi García, ha calificado el informe técnico como “demoledor” y ha asegurado que en él se apunta a que no se estaría siguiendo la normativa vigente en materia de contratación, ni justificando adecuadamente la adjudicación de determinados contratos.

García ha afirmado que el informe también recoge la “probabilidad” de fraccionamiento de contratos, una práctica prohibida por la legislación, y ha defendido la necesidad de aclarar si se ha producido esta situación.

Frente a estas críticas, el Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “las supuestas deficiencias administrativas de las que hablan son las mismas que existían cuando ellos estaban al frente del Patronato”, y ha añadido que “se trata de las mismas empresas y el mismo modus operandi que utilizaban entonces”.

La edil de Vox ha criticado que la oposición recurra a la Fiscalía para “intentar ganar lo que no ganan en las urnas” y ha subrayado que la admisión a trámite por parte de la Fiscalía “es un procedimiento habitual”, instando a esperar el desarrollo de la investigación para conocer “el recorrido real que pueda tener dicha denuncia”.

Miralles ha asegurado que los informes de la Intervención no señalan ilegalidades, sino recomendaciones para mejorar los procedimientos, y ha destacado que “la existencia de estos informes de control financiero es precisamente una muestra de la transparencia del actual gobierno”, recordando que “cuando gobernaban el PSOE y Compromís estos informes no se realizaban”.

Ambos grupos denunciantes han anunciado que solicitarán la creación de una comisión de investigación política en el Ayuntamiento para analizar estos hechos, aunque han anticipado que el equipo de gobierno podría rechazarla.

Según han explicado, la Fiscalía comunicó la apertura de diligencias el pasado 26 de febrero tras recibir las denuncias de ambos grupos municipales.

El memorando de planificación elaborado por la Intervención General municipal en el marco del Plan Anual de Control Financiero recoge que los contratos menores deben responder a necesidades “puntuales, concretas y no periódicas” y advierte del riesgo de incumplimiento de la normativa y de incurrir en fraccionamiento de contratos, práctica prohibida por la ley .

Desde la oposición han insistido en que, a la espera del resultado de la investigación judicial, corresponde a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales, mientras que han reclamado explicaciones políticas al gobierno municipal.