El Ayuntamiento de Cullera (Valencia) ha iniciado la tramitación de una ordenanza reguladora de conservación y mantenimiento de inmuebles y de medidas de prevención contra la ocupación ilegal que pretende evitar el abandono de viviendas y prevenir los problemas de convivencia que pueden generar los inmuebles en desuso.

La iniciativa responde a la necesidad de sistematizar, ordenar y actualizar la normativa por lo que respecta a los derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles, con el objetivo de maximizar la protección y la convivencia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta ordenanza complementará toda la normativa y legislación vigente, y coordinará varios departamentos municipales para prevenir posibles problemas de convivencia que se puedan generar por la existencia de viviendas en desuso que no están debidamente conservadas ni mantenidas, y pueden comportar riesgos de salubridad y de ocupación por terceras personas, especialmente por la existencia de viviendas cuyos titulares son personas jurídicas que se desentienden de sus principales obligaciones y ocasionan no solo problemas vecinales sino también inseguridad jurídica.

La futura ordenanza establecerá tres principales ejes. Por un lado se adentrará mayor claridad en la conservación de inmuebles y describirá las situaciones que obligan a actuar frente a situaciones de insalubridad y abandono de inmuebles. Por otro lado, se centrará en la necesidad de promover el correcto uso y utilización de los inmuebles y fomentar el alquiler.

Por último, se recopilarán y adoptarán medidas de protección, prevención y agilización administrativa contra la ocupación, poniendo el foco en edificaciones no finalizadas y finalizadas no ocupadas que pueden generar riesgos de seguridad y ser un aliciente para la ocupación ilegal por su facilidad de acceso.

Estas actuaciones se realizarán siempre con pleno respecto a la normativa vigente, y en ningún caso con actuaciones que excedan competencias locales, y evitando incurrir en desalojos de domicilios sin mediar resolución judicial que lo autorice, han puntualizado desde el consistorio.

El Ayuntamiento también ha subrayado que todas las medidas tienen que ir acompañadas con la prestación de unos servicios de asesoramiento jurídico, atención y mediación, especialmente para proteger los derechos de aquellos quienes se han visto privados de un bien jurídico como lo es la vivienda, y para proteger a las personas en situación de emergencia social a través del departamento de servicios sociales municipales.

La concejala de Urbanismo, Débora Marí, ha explicado que el Ayuntamiento ya trabaja en esta línea a través de Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales, y que la nueva normativa pretende recopilar y ordenar todo este proceso para poder prevenir y actuar mejor.

De hecho, según ha informado, solo durante 2025 el departamento de Urbanismo ha tramitado alrededor de unas 150 órdenes de ejecución, una decena de declaraciones de ruina, y 20 intervenciones urgentes en edificios que tienen más de 50 años.

Marí también ha insistido que las competencias municipales en la materia son muy limitadas, pero su "obligación es hacer cumplir la ley".

"Lo que pretendemos es ordenar los deberes y obligaciones que tienen los titulares de las propiedades, incorporar medidas de prevención mediante un registro de propiedades abandonadas y un servicio de atención y asesoramiento jurídico, e implementar medidas de coordinación y agilización municipal para los casos que se produzca un uso indebido de estas propiedades", ha añadido.

En esta línea se ha pronunciado el alcalde Jordi Mayor, quién ha destacado que la intención es poder tener un censo, un registro para poder actuar y evitar que haya viviendas que puedan ser susceptibles de ser ocupadas.

"La ordenanza busca prevenir, busca evitar, cómo podemos desde el Ayuntamiento evitar que esas situaciones pasen, que haya un control, un censo y que podamos actuar", ha detallado.

Durante la sesión plenaria del martes se dio cuenta del inicio de esta ordenanza, que ahora comenzará un proceso de consulta y participación pública.