La factura de los ex presidentes de la Generalitat valenciana: 850.000 euros solo en 2026

Compromís no está dispuesto a dejar a escapar la indignación social que suelen generar los gastos de los políticos. En el pleno de esta semana volverán a presentar la iniciativa para cambiar la ley que regula los derechos o privilegios, según se mire, de los ex presidentes de la Generalitat. De momento, no hay ningún partido que apoye una iniciativa que en su día puso en marcha Podemos en 2015. Entonces tampoco prosperó, pues no recabó ni el apoyo de los que ahora lideran esta batalla.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha dado a conocer los gastos que la estructura que recoge la ley genera al erario. Según sus cálculos- ha dicho que ha pedido información oficial y que no se le ha proporcionado- solo en lo que va de año ha costado 850.000 euros y en total, las arcas públicas han gastado 7 millones de euros.

Carlos Mazón ya tiene constituida su oficina de ex presidente, está situada en una céntrica calle de Alicante y ha designado a Cuenca como uno de sus colaboradores. También tiene coche y chófer. No ha solicitado ingresar en el CJC, pues continúa siendo diputado.

Su antecesor, Ximo Puig, que actualmente es embajador en París en la OCDE, tiene su oficina en el centro de Valencia y dispone de tres asesores.

El popular Alberto Fabra es senador y también hace uso de un despacho propio. Ha completado su nómina de personal con tres puestos de confianza.

Por lo que respecta a Francisco Camps, tiene su propio despacho y cuenta con dos asesores. Dejó el CJC para entrar en un bufete de abogados y, como no se cansa de repetir, quiere volver a ser presidente, o al menos, intentarlo.

Solicitan que los expresidentes no formen parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y dejen de cobrar 75.000 euros anuales durante un tiempo de 15 años. A Mazón no le corresponde este salario, casi vitalicio, pues no completó la legislatura entera. Tiene derecho a percibir estos honorarios el mismo tiempo que fue presidente, es decir, 27 meses.

Compromís defiende que la ley debe cambiarse para que los expresidentes no tengan derecho a los medios materiales y personales que ahora la ley. Propone que puedan hacer uso del parque móvil de la Generalitat siempre que se trate de un acto justificado y que se le conceda los medios necesarios para garantizar su seguridad. Además, según los cambios que propone esta formación, se suprime el derecho a cobrar un sueldo y se propone que reciba ayuda económica y material del Consell para «organizar actividades, publicaciones o conferencias relacionadas con la divulgación de su actividad en la Presidencia de la Generalitat o del fomento del autogobierno valenciano».