Gobierno y Generalitat entierran el hacha de guerra por la dana: "Hay buena sintonía"

Han tenido que pasar 477 días, un cambio de presidente de la Generalitat, un cambio de comisionado de la dana del Gobierno e infinidad de peticiones y reproches para que, al fin, Gobierno de España y Generalitat valenciana se sienten a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos afectados para acelerar la reconstrucción de la dana del 29 de octubre de 2024.

Tras los primeros días con el Cecopi constituido y la división de tareas, la cooperación había sido nula, con reproches continuos y ataques. Ahora no ha hecho falta más que una hora para que entierren el hacha de guerra.

«Hay muy buena sintonía y entendimiento. No se podía entender que estuviésemos siempre en la confrontación y polarización», ha dicho el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha copresidido la constitución de la tan deseada comisión mixta junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. «Ha habido cordialidad y entendimiento, eso lo tenemos que procurar tener, ha bajado mucho la tensión en la calle y eso lo aprecio. Los políticos somos mucho más productivos cuando no hay polarización y sí entendimiento», ha reflejado Pérez Llorca.

Le ha recogido el guante Víctor Torres. «Yo me voy satisfecho de esta reunión y así lo transmitiré al presidente Pedro Sánchez. Pérez Llorca dijo que quería apartar la confrontación política y recogemos esas palabras, me las creo y confío en ellas», ha afirmado, en tono conciliador.

Sus palabras vinieron tras la reunión de cerca de un centenar de representantes públicos en el castillo de Riba-Roja de Turia, un espacio neutro para este «entente» en el que participaron los alcaldes de los 78 municipios reconocidos como afectados por el Gobierno, así como la Diputación de Valencia.

Por parte del Gobierno el equipo incluía la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España y la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; mientras que de la Generalitat secundaban al presidente el vicepresidente segundo, José Díez; el vicepresidente tercero y conseller de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el comisionado de la Generalitat para la dana, Raúl Merida.

Cuatro comisiones

Serán ellos quienes encabecen ahora el trabajo en cuatro comisiones que serán las encargadas de acelerar la reconstrucción. La primera será para las infraestructuras hidráulicas, la piedra angular de las reivindicaciones de algunos alcaldes que ayer alzaron la voz mostrando su preocupación ante la falta de avance. Aún así, Pérez Llorca dijo haber notado «buena voluntad por parte del Gobierno para que se hagan cuanto antes».

La segunda comisión será de Emergencias para coordinar protocolos de actuación entre municipios, donde también se resolverán dudas de ayudas. La tercera tratará la salud mental de los afectados, una reivindicación de las asociaciones de víctimas y prioridad para ambos gobiernos y por último habrá una comisión dedicada para la Albufera y parques fluviales.

Además, cada tres meses se reunirán en esta «gran asamblea» ambos gobiernos junto con los alcaldes, donde eso sí no parece que acuda el presidente Pedro Sánchez, pues el ministro Víctor Torres ha afirmado que intentará él liderarla o si por cuestiones de agenda no puede delegaría en Bernabé, Espada o Pérez.

Pérez Llorca ha dicho que han propuesto al Gobierno ampliar de los 78 presentes a los 103 que considera la Generalitat valenciana como afectados, un síntoma más de las diferencias hasta ahora.

Asimismo, los alcaldes de Alcàsser (PP) y Albalat de la Ribera (PSPV), han pedido incluir a representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y el ministro se ha mostrado predispuesto al decir que la comisión «es bastante flexible» y es «un órgano de consenso y cooperación, no de debate partidario».

Los alcaldes buscan hechos

El síntoma general de los alcaldes era de satisfacción, pero ahora buscan que las buenas intenciones se traduzcan en hechos. «No nos han dicho nada nuevo», afirmaba a LA RAZÓN un alcalde.

La principal demanda es poder agilizar los trámites administrativos para gastar esos 1.745 millones de euros que dio el Gobierno a los municipios. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, reclamó buscar mecanismos que permitan que los ayuntamientos pongan en marcha esas obras, sobre todo en el apartado de la tramitación administrativa, alegando que la actual ley de contratos ralentiza la reconstrucción y dificulta el trabajo a los consistorios afectados.

El ministro se comprometió a «dar la máxima de las facilidades para que las obras se puedan facilitar» y prometió «colaborar con los ayuntamientos para que no devuelva ni un euro», dando a entender que ampliaran los plazos para ejecutar las obras.

Cabe recordar que el plazo para presentar las memorias finalizaba el pasado 5 de febrero pero el Gobierno lo amplió en diciembre a un máximo de doce meses del plazo original, por lo que en febrero del año siguiente debería renovarse de nuevo si no se han tramitado todos los proyectos municipales de la reconstrucción o devolver el dinero. Una opción, esta última, que ayer descartaban los representantes del Gobierno, dando a entender que darán facilidades para gastarlo, tarde el tiempo que tarde.