Guerra total por La Misericordia: la Diputación de Zaragoza y el sector taurino rompen puentes tras la nulidad del pliego

El escenario taurino en la capital aragonesa ha derivado en una fractura institucional sin precedentes que amenaza con dejar un vacío histórico en el calendario. Tras la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que declaró la nulidad de pleno derecho del concurso para gestionar la plaza de toros, el presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha comparecido en una rueda de prensa de una dureza inusual. El dirigente socialista ha culpado "única y exclusivamente" al empresariado de la no celebración de la Feria de San Jorge, acusándoles de una "actuación coordinada y de mala fe" para dinamitar la adjudicación por meros intereses económicos personales y un supuesto fraude de ley.

La respuesta del sector, canalizada a través de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), ha sido inmediata y contundente, calificando las palabras del presidente de "infundadas y populistas". La patronal recuerda que la responsabilidad de redactar un pliego ajustado a la legalidad recae únicamente en la administración y que el tribunal ha sido tajante al detectar un "error garrafal" en la naturaleza jurídica del contrato. Para las empresas, Sánchez Quero intenta "trasladar a los profesionales su propia incapacidad administrativa", vulnerando derechos constitucionales al cuestionar el legítimo ejercicio de los recursos legales ante un pliego que el TACPA ha definido como nulo.

Por su parte, Pueblos del Toreo, una de las firmas recurrentes, ha desmentido las acusaciones de boicot y ha recordado que el sector advirtió de las irregularidades mucho antes de que el proceso llegara a los tribunales. Según la empresa, la DPZ intentó "aparentar un contrato de arrendamiento patrimonial" cuando en realidad se trataba de una concesión de servicios, evitando así la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Denuncian que la institución rechazó un recurso de reposición previo en apenas 48 horas "sin atender a razones", una ceguera administrativa que, de haberse evitado, habría permitido salvar la feria de abril con un concurso legal y transparente.

El conflicto técnico radica en la exigencia de presentar carteles cerrados para la Feria del Pilar con siete meses de antelación, un requisito que solo una empresa pudo cumplir. El sector sostiene que esta cláusula impedía que los triunfadores de la temporada 2026 pudieran anunciarse en Zaragoza, priorizando la burocracia sobre el mérito artístico y el interés del aficionado. Pueblos del Toreo subraya que el TACPA es concluyente al afirmar que "se ha aplicado un régimen jurídico erróneo", lo que invalida los criterios de solvencia y adjudicación utilizados, dejando claro que no ha existido una competencia real ni transparente entre los licitadores.

A pesar del varapalo judicial, Sánchez Quero ha anunciado que los servicios jurídicos de la DPZ recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y solicitarán medidas cautelares para intentar proseguir con la licitación anulada. El presidente defiende que su modelo de contrato está "consolidado y avalado por la práctica" en otras plazas de primera como Bilbao o Valencia, y ha lanzado un dardo directo a los empresarios al recordar que algunos de ellos aceptaron estas mismas condiciones en 2022. "Con estos empresarios no hace falta que haya antitaurinos; ellos mismos se están cargando la feria", ha sentenciado con amargura.

Con las posturas totalmente enconadas y la Feria de San Jorge prácticamente descartada, el futuro de La Misericordia queda en manos de la justicia ordinaria. Mientras la Diputación intenta blindar su gestión alegando un supuesto complot empresarial, ANOET y las empresas recurrentes exigen una nueva licitación que respete la libre concurrencia y el valor de servicio público de la plaza. La crisis de Zaragoza se convierte así en un símbolo de la tensión entre las administraciones y un sector que reclama pliegos profesionales, dejando a la afición zaragozana como la principal víctima de un laberinto judicial que parece no tener salida a corto plazo.