Aena eleva el tono respecto a las aspiraciones de algunas comunidades autónomas de participar en la gestión de los aeropuertos ubicados en sus territorios. Su presidente, Maurici Lucena, ha calificado de "demanda imposible" la cogestión que reclaman autonomías como el País Vasco, Cataluña o Canarias.

Durante su intervención inicial en la junta general de accionistas de la compañía, el presidente del gestor aeroportuario ha advertido hoy de que la cogestión, junto a la bajada de las tarifas que las aerolíneas le reclaman que incluya en su Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, podrían suponer "riesgos importantes para el sistema aeroportuario español, para Aena y, en última instancia, para sus accionistas".

La advertencia de Lucena se produce después de que el 27 de marzo el Ejecutivo central y el vasco hayan acordado crear un Órgano Bilateral aeroportuario que desde Vitoria interpretan que la faculta para cogestionar los aeropuertos que hay en su comunidad.

A pesar de que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, asegurase el pasado viernes que existe "un marco competencial, que está regulado en la Constitución y en la ley que fija a Aena como gestor aeroportuario del Estado", y que lo firmado se limita a permitir una "cooperación reforzada", desde el País Vasco consideran que el acuerdo les faculta para cogestionar sus aeropuertos. "Euskadi, por primera vez, va a tener capacidad para manifestar su opinión e influir en cómo se va a conformar la gestión de los aeropuertos", argumentó días atrás el presidente del PNV, Aitor Esteban. Entre otras cuestiones, aseguró que se va a poder "influir" en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y "muchas decisiones se tomarán al alimón", aseguró Esteban.

Lucena, en línea con Santano y frente a la posición del PNV, ha ofrecido argumentos que, según ha explicado, cierran la puerta a esa posible cogestión. Según el presidente de Aena, el acuerdo con el País Vasco recoge que las decisiones del órgano bilateral no serán vinculantes y que se trata de un "instrumento de cooperación reforzado de naturaleza consultiva y no decisoria". No altera, ha añadido, el régimen legal de funcionamiento de Aena, su estructura de red y la propiedad de la compañía. Y no pone en duda, ha proseguido Lucena, que la gestión de sus aeropuertos corresponde en exclusiva a Aena.

El directivo, que ha sido reelegido hoy como presidente de Aena, ha recordado que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa.

Al respecto de la libertad de empresa, Lucena ha detallado que el Estado, propietario del 51% de Aena a través de Enaire, no puede hacer lo que quiera en el gestor. Según ha desgranado, la Ley de Sociedades de Capital protege los intereses de los accionistas minoritarios de todas las empresas. Legalmente, ha añadido, "el Estado no podría imponer nunca en Aena el rodillo del 51% para aprobar decisiones que perjudiquen el interés de la compañía y dañen a los accionistas como la transferencia de aeropuertos o la gestión a terceros". Lucena ha advertido de que inversores privados de Aena, entre los que se encuentran algunos de los fondos de inversión, soberanos y "hedge funds" más potentes del mundo, han hecho saber al consejo de la compañía que "harían valer sus derechos legales si hubiera cualquier duda sobre los riesgos a que me he referido, lo que provocaría reverberaciones económicas muy negativas que desbordarían el perímetro de la compañía".

Lucena ha asegurado que aunque el marco legal ofrece espacios para profundizar en la coordinación o participación de comunidades autónomas o ayuntamientos, no es legalmente posible transferir competencias que permitan interferir en la gestión, la regulación, la ordenación o la supervisión de Aena.

Más peticiones

Las advertencias de Aena sobre la imposibilidad de cogestionar los aeropuertos que hoy ha reiterado Lucena no han frenado sin embargo los deseos de cogestión de las autonomías. La semana pasada, el Gobierno canario aseguró que había mantenido una primera toma de contacto con el central para abordar la cuestión de la cogestión de los aeropuertos canarios sin entrar en todo caso en demasiados detalles.

De la misma forma, el presidente catalán, Salvador Illa, aseguró ayer miércoles que la Generalitat de Cataluña participará en la gobernanza de los aeropuertos de la comunidad, entre ellos el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, "de forma bastante inmediata". En la sesión de control en el Parlament, preguntado sobre ello por ERC, Illa hizo referencia al acuerdo de investidura sellado con los republicanos: "Las cosas van por buen camino y respetaremos los marcos legales que hay. Pero, evidentemente, garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, en la planificación y en la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Cataluña", aseguró Illa.

Lucena también se ha referido al riesgo que supone la petición de las compañías de reducir la subida de tarifas recogida en el DORA III. Tras recordar que, en términos reales, han bajado un 37% en once años, el directivo ha recordado que una baja de tarifas no permitiría acometer el pleno de inversiones previsto.

Lucena ha asegurado que el incremento medio anual que propone la compañía del 3,8% "es muy modesto" comparado con la potente inversión que van a acometer vinculada a estos peajes y que roza los 10.000 millones de euros.