El debate sobre la presión fiscal en España vuelve a estar en el centro de la conversación pública en pleno 2026. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de reforzar los ingresos para sostener el Estado del bienestar, parte del tejido empresarial y numerosos contribuyentes denuncian que la carga impositiva se ha vuelto asfixiante. La discusión no es nueva, pero los últimos datos de recaudación han reavivado la polémica. Tanto economistas y asesores fiscales, como el profesional que hoy ocupa nuestro tiempo, coinciden en que la percepción social sobre los impuestos ha cambiado de forma notable en los últimos años.

Según las cifras conocidas este año, Hacienda ha recaudado 7.364 millones de euros adicionales gracias a subidas y cambios tributarios aplicados en 2025. Entre enero y noviembre los ingresos tributarios alcanzaron 301.355 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que apunta a un nuevo récord histórico de recaudación. Buena parte del incremento procede de la recuperación de tipos de IVA en electricidad y alimentos, así como de modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades que aportaron alrededor de 3.050 millones extra. Estos datos han sido utilizados por el Ejecutivo como prueba de la eficacia de su política fiscal.

Para unos, estos datos reflejan fortaleza económica y mayor capacidad del Estado para financiar servicios públicos. Para otros, evidencian un aumento sostenido de la presión fiscal que penaliza el ahorro, la inversión y el consumo. En comparación con otros países europeos, España se sitúa en una franja media alta de presión fiscal en relación con su PIB, aunque lejos de los niveles de los países nórdicos. Sin embargo, empresarios y asesores fiscales señalan que la combinación de impuestos estatales, autonómicos y locales genera una sensación de carga acumulativa difícil de soportar para rentas medias y altas. El debate se mueve así entre la necesidad recaudatoria y la competitividad económica.

Un experto revela cuál es el país fiscalmente hablando

En este contexto ha ganado notoriedad el análisis de un experto de ATC Asesores, firma que se ha hecho conocida en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre fiscalidad internacional. Bajo el título de los países fiscalmente más atractivos, el asesor resume su visión con una frase contundente sobre la situación nacional. A partir de ahí, elabora un ranking que mezcla presión fiscal real, facilidad administrativa y calidad de vida. Su clasificación ha generado un intenso debate entre seguidores y críticos.

España se encuentra en último lugar

En el décimo puesto sitúa a España por la elevada carga en múltiples figuras tributarias. "Mucho impuesto por todos lados, aquí te fríen a pagar", sentencia el experto. En el noveno coloca a Francia, a la que describe como un país con carga fiscal alta y poco cariño al contribuyente. Estados Unidos ocupa la octava posición porque permite optimizar mucho, pero si no se planifica bien la factura fiscal puede ser elevada y el sistema resulta complejo.

Por otro lado, Portugal aparece en séptimo lugar porque, aunque mantiene incentivos interesantes, ya no es el chollo de hace años y el nivel de pago sigue siendo considerable. Irlanda figura sexta por su enfoque favorable a empresas, aunque a nivel personal no resulta tan ligero. Estonia se sitúa quinta gracias a su sistema digital y a que no grava los beneficios reinvertidos, si bien no encaja en cualquier perfil.

Los cinco mejores países del listado

En la parte alta del listado aparecen destinos más llamativos. Andorra ocupa el cuarto puesto por su fiscalidad reducida, aunque exige residir al menos 183 días al año y sufre escasez de vivienda. Mónaco es tercero por su régimen prácticamente inexistente en determinados impuestos, pero solo al alcance de grandes patrimonios. Dubái logra la segunda posición por su baja tributación, aunque implica un cambio cultural y vital profundo. El primer puesto lo reserva para Bulgaria, que combina impuestos muy bajos dentro de la Unión Europea con la ventaja de no exigir mudanzas complejas fuera del marco comunitario. El ranking reabre así el debate de fondo sobre si España debe competir bajando impuestos o reforzar su modelo actual para sostener el gasto público.