Las empresas en España pagan de media en torno al 20% de sus beneficios en el impuesto sobre Sociedades, por debajo del tipo nominal del 25%, gracias a de-ducciones, bonificaciones y planificación fiscal. Unas ventajas que no pueden aplicarse los autónomos, con unos tipos que, dependiendo de sus ingresos, pueden llegar al 37%, una diferencia de hasta un 17%. Esta situación de continua subida de la presión tributaria por parte de Hacienda ha ocasionado que la brecha fiscal provocada por la diferencia entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades esté expulsando a miles de pequeños negocios del régimen tributario de las personas físicas, obligándoles a convertirse en empresas.

Así lo ha denunciado UPTA, que advierte de que más de 57.000 autónomos se han visto obligados a convertirse en sociedades durante el pasado año ante esta «asfixia fiscal» promovida por María Jesús Montero, por lo que le exige que tome «medidas de reequilibrio tributario».

En su denuncia, UPTA advierte de que la actual legislación fiscal perjudica directamente a los pequeños negocios y favorece «indirectamente» la economía sumergida, al obligar a miles de autónomos a pasar a la clandestinidad laboral al no poder afrontar el pago de impuestos y cotizaciones, además de «consolidar ventajas estructurales para las medianas y grandes empresas. La falta de equilibrio fiscal termina erosionando la competitividad del pequeño trabajador autónomo frente a empresas con mayor capacidad de planificación tributaria».

Desde la organización se hace especial hincapié en la «apatía y la falta de comprensión» mostrada por Hacienda ante los problemas reales que afrontan miles de pequeños negocios, en un contexto de aumento de costes y estrechamiento de márgenes. «La presión fiscal que soportan los autónomos es insostenible frente a las grandes empresas. Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir».

Estos autónomos argumentan que las sociedades pueden deducir con mayor amplitud gastos de estructura, vehículos, suministros, retribuciones y amortizaciones, de forma que una correcta planificación fiscal puede aumentar el beneficio neto de la empresa. Una situación que se complica aún más si el autónomo tiene un trabajador a cargo.

El coste laboral medio por trabajador en 2025 se situó en 3.256 euros al mes, de los cuales, 2.416 euros corresponden al salario y 840 euros a otros costes, principalmente cotizaciones sociales. Más de una cuarta parte de lo que paga el empleador no llega al trabajador.