Revés judicial para Airbnb. La Justicia obliga a la plataforma de alojamientos turísticos a pagar los 64,05 millones de euros de multa impuestos por el Ministerio de Consumo por cometer varias infracciones en la publicación de anuncios, entre las que destaca la publicación de alquileres turísticos sin licencia. Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado a solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, obligando a la compañía a hacer frente al pago inmediato de la sanción impuesta a mediados de diciembre de 2025.

La plataforma había pedido suspender el pago de la sanción hasta que se dictara sentencia, pero con el rechazo de las cautelares, la compañía deberá abonar la cuantía mientras continúa el procedimiento judicial, lo que introduce presión financiera y reputacional sobre su operativa en España. No obstante, la empresa aún dispone de la opción de presentar un recurso de reposición ante el propio tribunal.

La sanción se basa en la detección de más de 65.000 anuncios irregulares -65.122 en total- que ya fueron retirados de la plataforma en julio de 2025 tras la intervención del Ministerio de Consumo. Las principales infracciones identificadas se centran en prácticas desleales hacia los consumidores: publicación de alojamientos sin licencia turística; uso de números de registro incorrectos o inexistentes; y falta de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. Estas prácticas fueron calificadas como infracción grave, con una sanción de 63,98 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito estimado obtenido por la compañía desde que el Ministerio avisó formalmente a la plataforma de que eran ilegales hasta que fueron eliminado de Airbnb.

A estas infracciones se suman otras dos leves y una grave con menor castigo pero que elevan la multa total por encima de los 64 millones. Se trata del incumplimiento de obligaciones en contratos a distancia, por falta de transparencia (10.000 euros); obstrucción a la labor inspectora de Consumo, ya que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Ministerio durante la instrucción del expediente (10.000 euros); e incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente (55.000 euros). Por su parte, Airbnb considera que la multa de Consumo es "contraria al marco legal español y europeo".

Este caso se enmarca en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las plataformas de alquiler turístico en España, con la entrada en vigor, en julio de 2025, del registro único de alquiler de corta duración. Asimismo, Consumo también ha sancionado y mantiene abiertos expedientes contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.