Marruecos regula el uso y los derechos de los usuarios de tierras comunitRIa, conocidas como comunidades Soulaliyate para reforzar la transparencia, trazabilidad y control, informa la revista semanal Challenge . Este procedimiento busca garantizar que las decisiones tomadas respeten el interés colectivo y no comprometan la conservación del patrimonio territorial. Asimismo, introduce el requisito de justificación económica y evaluación de impacto, reforzando así la racionalidad de las decisiones adoptadas. Esta medida se suma a las reformas emprendidas en los últimos años para modernizar la gobernanza de un patrimonio territorial estratégico, estimado en varios millones de hectáreas.

Históricamente, las tierras comunales se han gestionado según prácticas consuetudinarias, basadas en la legitimidad comunitaria y la transmisión oral de normas. Los Soulaliyates, que representan a los grupos étnicos que poseen estas tierras, han garantizado durante mucho tiempo su administración dentro de un marco caracterizado por una fuerte autonomía local. Este modelo se basaba en mecanismos de autorregulación, donde la toma de decisiones colectiva y las costumbres establecidas eran suficientes para organizar la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos o forestales. Si bien permitía cierto grado de estabilidad, este sistema presentaba limitaciones en cuanto a transparencia financiera, formalización jurídica y prevención de conflictos.

“El nuevo decreto supone un avance significativo al introducir obligaciones específicas destinadas a estructurar aún más la gestión de estas tierras ”, subraya Challenge . En concreto, exige la creación de un registro centralizado que incluya todas las tierras de propiedad colectiva. Este documento debe contener información detallada sobre las parcelas, su estatus legal y las condiciones de uso. De este modo, se convierte en una referencia oficial en caso de disputa, reduciendo la dependencia de los testimonios orales y las interpretaciones consuetudinarias que antes prevalecían. Esta formalización constituye una herramienta importante para mejorar la seguridad jurídica y, en última instancia, facilitar la digitalización de los datos de la tierra.

En el ámbito financiero, la reforma también introduce un requisito de rendición de cuentas. Las comunidades afectadas deberán presentar informes anuales que detallen todos los ingresos generados por el uso de tierras comunales. Estos documentos deberán estar certificados por profesionales acreditados, lo que busca garantizar la fiabilidad de la información y establecer prácticas de gestión más rigurosas. Esta medida refleja el deseo de eliminar la opacidad que a veces rodeaba la gestión de los recursos financieros, al tiempo que fortalece la confianza de los miembros de la comunidad y los socios institucionales.

El texto también prevé una supervisión más estricta de las decisiones estratégicas relacionadas con el patrimonio colectivo. Ciertas operaciones, como la venta de propiedades, la firma de contratos de arrendamiento a largo plazo o la obtención de préstamos, estarán sujetas a la aprobación previa de la autoridad supervisora.

La reforma también clarifica la relación entre las comunidades Soulaliyate y las autoridades administrativas. Establece un marco más estructurado para la interacción con los servicios de supervisión, principalmente mediante la designación de contactos administrativos específicos. Esta organización busca simplificar los procedimientos, reducir los tiempos de tramitación y limitar las incertidumbres relacionadas con la distribución de responsabilidades entre los distintos actores públicos.