Montero defiende su "trampa fiscal" ante unas comunidades que se plantan en bloque: "No existen razones objetivas para rechazar el modelo"

Un sistema de financiación autonómica de dos velocidades como salida al bloqueo mostrado por todas comunidades autónomas menos Cataluña. Eso es lo que ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las regiones en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por el que ofrece que la adscripción al nuevo modelo será voluntaria, es decir, que las regiones decidan libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, lo que significaría que los que se queden con el sistema actual no mejorarían su financiación, "una amenaza y una trampa fiscal, con el único fin de salvar los privilegios otorgados a Cataluña en detrimento del resto", han explicado a LA RAZÓN fuentes del PP.

Pero para la ministra "no existen razones objetivas para rechazar este modelo de financiación", que ha presentado como "un modelo solidario que permita recortar diferencias entre las comunidad mejor y peor financiada, lo que garantiza que los recursos que se proponen son más homogéneos", pese a que ha reconocido que "no hay ningún modelo que cumpla al cien por cien con todas las expectativas de las comunidades". También ha negado que el Gobierno haya planteado este modelo para contentar a los independentistas. "Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. Todo lo que se ha dicho sobre que hemos pactado un cupo separatista es mentira. Es falso que hayamos hecho una propuesta para un territorio en contra de otra. No ha habido trato de favor. Es mentira".

Asimismo, ha defendido que este "no es un régimen bilateral, sino multilateral. Al primero que invitamos a presentar este modelo fue al Partido Popular, no ha sido al Junqueras, por lo que es mentira que lo hayamos pactado con ERC". En este sentido, Montero, en un tono agrio, ha expresado que, "para acabar con las falsedades que se están diciendo quiero dar un dato: el 70% del incremento de fondos del nuevo modelo va a parar las comunidades del Partido Popular, que serían unos 15.000 millones más. Y este modelo no es insolidario, como acusa el PP, sino que de forma clara y transparente es totalmente solidario, porque se puede saber qué ha aportado cada comunidad al sistema y qué ha recibido. Y con este modelo, nadie pierde".

Para la ministra, el sistema "beneficia a todas" las comunidades y "garantiza la suficiencia", ya que aporta 20.975 millones de euros más, una cantidad de la que el Gobierno prescinde para que las comunidades gestiones los servicios públicos sanidad, educación y dependencia. El dato habla por sí solo, por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda es el PP".

Montero también ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en el encuentro que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo y buscar que se adhieran a la propuesta, antes de sacar a audiencia pública la ley orgánica para después, en segunda vuelta, llevarla al Consejo de Ministros y se remitirla a continuación al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027, un objetivo que ahora mismo parece imposible con la negativa de algunos de sus socios, como Junts, y las dudas de otros como Podemos. "Estamos dispuestos a escuchar a todos, pero que nos presenten números y medidas concretas, algo que por cierto no ha presentado nunca el PP",

En principio, el Gobierno les había presentado sus sistema por población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación, incorporando dentro de la cesta de impuestos del sistema el de patrimonio, sobre depósitos bancarios, de actividades de juego y sobre el depósito de residuos en vertedero. También les había hecho saber el incremento del porcentaje de cesión del 55 % del IRPF y del 56,5% del IVA, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027, aunque en conjunto, las comunidades contarían en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. Ese año, cuando se prevé que entre en vigor, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros.

Pero ahora, Montero se ha sacado de la chistera que las comunidades puedan decidir libremente si aplican por completo el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente -que fue aprobado en 2009- y que, por tanto, perderían el incremento de fondos propuesto. "Que quede claro que estoy dispuesta que los fondos sean finalistas, como ha pedido el propio Alberto Núñez Feijóo, pero nos aseguren que vayan a la sanidad o a la educación pública, porque tan importante es el cuanto como el para qué".

Por ello, los gobiernos regionales del PP han advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica está "precocinado", definiéndolo como "modelo Junqueras", en relación con el líder de ERC, y han llegado a amenazar con acudir a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.

Así lo ha expresado la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, que ha mostrado con ironía su sorpresa "porque Junqueras no haya presidido este Consejo para presentar su modelo. Ha mandado a Montero para blanquearlo. Nosotros no vamos a apoyar un sistema en el que Madrid aporta un 83% más de lo que recibe. Ni lo aceptamos ni lo vamos a sufragar, y vamos a usar todos nuestros recursos legales para que esto no salga adelante".

Por su parte, el consejero murciano, Luis Alberto Marín, ha afeado a la ministra que "después de cuatro horas de power point, Montero solo ha convencido a Cataluña, para la que se ha hecho este modelo. Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que no soluciona los problemas de financiación, que nace viciado, que nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas".

También desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, han calificado el modelo cuya "ordinalidad es una línea roja" para que no sirva solo en favor de los independentistas catalanes. "No vamos a apoyar privilegios".

Al contrario, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha defendido que el nuevo modelo beneficia a todas las regiones que vivían una situación de "infrafinanciación", por lo que ha negado que se trate de un acuerdo de "insolidaridad" o "desigualdad" que beneficia solo a Cataluña.