La decisión del Ministerio de Transportes de cambiar los pliegos que regulan los contratos de conservación y explotación de la red estatal de carreteras sustituyendo prácticamente los concursos por subastas en las que la adjudicación se decidirá casi por completo por el precio no sólo ha levantado en armas a las empresas que dan este servicio sino también a los propios técnicos ministeriales. Según apuntan diversas fuentes, entre estos profesionales existe también malestar por la imposición de este sistema dado que, en última instancia, son ellos los que tienen que lidiar con las posibles consecuencias de su aplicación. A su juicio, al cambio deriva de un caso de corrupción ocurrido durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro que ahora no deberían pagar las empresas y los funcionarios con la reducción del peso de los aspectos técnicos en los pliegos.

El sector considera que otorgar un peso determinante a la oferta económica en los nuevos pliegos hasta convertirlos prácticamente en subastas no es el modo adecuado de conservar las carreteras. "Lo más barato no es lo mejor necesariamente", aseguran.

El problema, añaden, es que como la calidad "es subjetiva y no se ha encontrado un sistema objetivo para determinarla", se ha optado directamente por dejarla en un segundo plano pese a su relevancia porque de este modo se cree que se reducen las opciones de amaño.

Los consultados recuerdan que no es la primera vez que se trata de adjudicar este tipo de contratos primando los criterios objetivos. Según aseguran, la Comunidad de Madrid también trató de hacerlo cuando la presidía Esperanza Aguirre, pero tuvo que dar marcha atrás en sus planes por los problemas que conllevó.

Las discrepancias con los planes de Transportes respecto a los pliegos de los contratos de conservación de carreteras han ido más allá de sus técnicos. A mediados de febrero, la que entonces era subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos del Ministerio de Transportes, Paula Pérez, dejó su cargo por su disconformidad con la dirección del ministerio.

Riesgos

La patronal de empresas encargada de la conservación de las carreteras, Acex, también ha expresado públicamente su malestar con los nuevos pliegos, que ya han sido firmados por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de quien depende este área. La organización, a la que pertenecen empresas tan relevantes como Acciona, OHLA, Sacyr o Eiffage, ha asegurado que reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa el equilibrio recogido en la Directiva 2014/24/UE, que establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. A su juicio, el nuevo sistema "se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación".

Para Acex, la subasta "prima exclusivamente el precio más bajo, relegando a un segundo plano aspectos tan determinantes como la calidad técnica, la seguridad vial, la innovación o la sostenibilidad ambiental, determinantes de la eficiencia del servicio a largo plazo".

Además, la patronal considera que presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, "no responde al concepto jurídico de mejora, sino que convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor".

En su opinión, las subastas suponen un riesgo de menor durabilidad y más coste futuro, pues podrían utilizarse materiales menos duraderos o simplificarse procesos técnicos para compensar la presión económica.