El Ejecutivo pondrá hoy encima de la mesa un plan anticrisis por la guerra de Irán que abarca cuatro dimensiones: medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables. En concreto, la primera de estas dimensiones es la estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables -incentivando comunidades energéticas, autoconsumo o bombas de calor- y la electrificación. La segunda de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.

De momento, ya se conocen algunas medidas, adelantadas por El País, y que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana en rueda de Prensa:

• Reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%
• La rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos, con lo que se busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel
• Reducción del IVA de la luz y el gas del 21% al 10%
• Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad.
• Suspensión del IVA de la producción eléctrica, para reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN han detallado que, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina, por lo que el Ejecutivo ha renunciado definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro de forma generalizada para todos los conductores que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania para evitar "efectos distorsionadores". Pero ese descuento de 20 céntimos por litro de diésel sí se ha aprobado para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional a través del impuesto especial de hidrocarburos. También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución.

Además, el Gobierno va a suprimir el impuesto de generación eléctrica -que es del 7% y que pagan las compañías- y a rebajar el impuesto especial de electricidad -que es del 5,11% y pagan los consumidores-. Como refuerzo del escudo social, el decreto mejora el bono social eléctrico -con un descuento sería del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos- y la garantía de suministro de agua y energía, y se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que decayó en el decreto ómnibus rechazado en el Congreso.

Otra de las medidas que se incluyen en el plan del Gobierno es la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. Se incorporan medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables, para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento y para simplificar el autoconsumo compartido en barrios, municipios y polígonos industriales. Las mismas fuentes detallan que se introduce un programa de apoyo técnico y administrativo para cooperativas energéticas y se prevé la posibilidad de reservar parte de la capacidad en subastas de renovables para proyectos municipales o comunitarios.

Aunque el decreto ley tendrá una entrada en vigor inmediata, deberá someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación. Será el próximo jueves, 26 de marzo, cuando tendrá lugar el debate en la cámara, ya que la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de inmediato y así no demorar más la convalidación. Desde el Gobierno aseguran que este plan cuenta con flexibilidad suficiente para que las medidas presentadas pasen este trámite.