En 2025 las carreteras españolas volvieron a cobrar vidas, aunque con una tendencia ligeramente a la baja respecto al año anterior. Según el balance provisional publicado por la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior, se registraron 1.119 fallecidos en 1.028 siniestros mortales, lo que supone 35 muertos menos que en 2024 y un descenso del 3%, además de ser la segunda cifra más baja desde 1960. Más de 4.900 personas sufrieron heridas que requirieron hospitalización, una señal de que la accidentalidad sigue siendo un problema de salud pública.

Pese a este ligero descenso y a que se contabilizaron 36 días sin víctimas mortales, frente a 28 en 2024, la siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural en España. El informe también destaca que la salida de vía continúa siendo el tipo de accidente más mortal, con el 43% de los fallecidos, y que la mayoría de las víctimas ocurrieron en carreteras secundarias, especialmente peligrosas para los usuarios vulnerables como motoristas y peatones.

Las causas de los accidentes de tráfico son múltiples y complejas. El exceso de velocidad y la distracción al volante se mantienen entre los factores más habituales en siniestros graves, junto al consumo de alcohol y drogas antes de conducir. La falta de uso correcto de elementos de seguridad, como cinturones o sistemas de retención infantil, también sigue implicada en muchos fallecimientos y lesiones graves. Aunque las campañas de concienciación y la implantación de medidas como controles de velocidad y límites de alcoholemia más estrictos han contribuido a mejorar la seguridad, los siniestros siguen siendo un desafío constante para las autoridades y la sociedad.

El mal estado de la calzada: un problema silencioso

Un factor que a menudo pasa desapercibido pero que puede tener consecuencias graves es el mal estado de las carreteras. Aunque no siempre aparece en las estadísticas oficiales como causa principal de accidentes, los baches, socavones o falta de mantenimiento en el firme pueden contribuir directamente a pérdidas de control del vehículo o daños mecánicos que derivan en siniestros o averías importantes. Esta realidad plantea una cuestión incómoda para la seguridad vial en España, ya que si bien la mayoría de los esfuerzos se centran en conductores y vehículos, la propia infraestructura puede ser un factor oculto de riesgo que merece atención y acciones más decididas.

Precisamente, un caso frecuente que ejemplifica este problema son los daños sufridos por los vehículos cuando se circula sobre pavimentos deteriorados. Por ejemplo, si un reventón de rueda se produce como consecuencia directa de impactar con un bache profundo, el conductor no está necesariamente desprotegido. La Constitución Española reconoce que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por daños en sus bienes causados por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en situaciones de fuerza mayor. Esto abre la puerta a que un conductor afectado pueda reclamar a la Administración responsable de la vía la compensación por los daños sufridos.

¿Cómo presentar una reclamación por reventón?

Para presentar una reclamación de este tipo es clave documentar el incidente con precisión. Antes de nada, el conductor debe actuar con prudencia, garantizar la seguridad del lugar y, si es posible, recopilar fotografías y vídeos del bache y del daño en el coche, así como recabar datos de testigos y solicitar un atestado policial si la policía o la Guardia Civil de Tráfico acuden al lugar.

Identificar correctamente al gestor de la carretera, ya sea el Estado, una comunidad autónoma, una diputación o un ayuntamiento, es esencial para dirigir la reclamación al organismo adecuado. A continuación, hay que adjuntar toda la documentación relevante, incluidas facturas del taller que acrediten el coste de la reparación, y presentar la reclamación administrativa dentro de los plazos legales, que suelen ser de un año desde que ocurrió el daño.

Así es como puede responder la Administración

Una vez presentada la reclamación, la Administración dispone de un periodo determinado para responder. Si esta rechaza la indemnización, el afectado puede acudir a su aseguradora, especialmente si cuenta con cobertura a todo riesgo o con asistencia jurídica que facilite la preparación y presentación del caso. En muchos casos, reclamar por daños derivados del mal estado de la carretera no solo puede obtener compensación económica, sino también visibilizar trayectos peligrosos y presionar para que se mejoren las infraestructuras, reduciendo el riesgo de futuros siniestros. En un contexto en el que miles de personas pierden la vida cada año en las carreteras, cualquier medida que contribuya a una red vial más segura merece ser considerada.