Renfe espera que la nueva empresa que constituirá para asumir los Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera sin recurrir a terceros esté creada antes de que acabe el año y que su gasto ascienda a 50 millones anuales de media en sus 10 años de vigencia, a los que se pueden sumar cinco años de prórroga. En cuanto a los vehículos que necesitará, aunque no concreta una cifra, ya que dependerá de las ofertas que presenten las compañías interesadas, la operadora estima que usará entre 200 y 300 autobuses diarios. La nueva sociedad mixta contará con entre 50 y 100 autobuses propios nuevos, adquiridos conjuntamente por Renfe y su futuro socio. Con esta flota se podrá atender aproximadamente el 40% de las necesidades de transporte alternativo. El porcentaje restante se asumirá con medios del socio privado y a través de servicios subcontratados.

Según han indicado fuentes de Renfe a los medios, más de 10 grupos de empresas han mostrado ya interés en formar parte de la empresa mixta que creará para no depender de terceros ante cortes ferroviarios que requieran la activación de planes alternativos de transporte por carretera. El proyecto, anunciado a inicios de mes, está en fase de solicitudes de participación, cuyo plazo acaba el 8 de abril.

Renfe explica que ya detectaba una "necesidad imperiosa" de atender a un número creciente de planes alternativos en 2023 como consecuencia de la mejora de la estructura ferroviaria gracias a la inyección de fondos europeos, que requiere cortes y la activación de servicios alternativos. Esta necesidad fue creciendo desde 2020 hasta 2023, cuando se pasó de una gran disponibilidad de flotas de autobuses por las restricciones de movilidad a una importante dificultad para cubrir esos servicios. Esta escasez ha dejado licitaciones desiertas o con precios hasta cuatro veces superiores a la media del sector, como ha ocurrido con los planes alternativos de transporte de la línea R3 de Rodalies. Como referencia, el gasto de Renfe en autobuses por PAT alcanzó en 2025 los 68 millones de euros, un 825% más que en 2020 (7,3 millones de euros) y máximo de toda la serie. El año pasado, los autobuses medios diarios se situaron en 283, con picos de hasta 425 (33 y 40, respectivamente en 2020).

Ante este contexto de escasez y altos precios, Renfe considera que la creación de una empresa participada es la mejor alternativa para ofrecer servicios de transporte alternativo de calidad, al contar con el conocimiento y saber hacer de compañías de autobuses, a la vez reducir costes. La opción de hacer un acuerdo marco, en cambio, ha quedado descartada porque en el pasado ha dejado necesidades sin satisfacer. No obstante, la operadora advierte de que habrá un régimen de penalizaciones y mecanismos para resolver la participada si no cumple los requisitos de calidad exigidos.

Renfe cifra en casi 1.000 millones de euros el valor del contrato que ha licitado para buscar una alianza con una compañía especializada en el transporte en autobús para crear una filial mixta de buses. Según los pliegos del contrato, el valor de esta licitación asciende a 923,3 millones de euros (IVA excluido) para un periodo total de 15 años. El contrato inicial baraja un plazo de 10 años por 588 millones, pero con posibles prórrogas por un periodo adicional de cinco años. Con esta licitación, Renfe busca un socio que controle el 51% de una nueva empresa, quedándose la operadora ferroviaria pública con el restante 49%, para disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción suficiente para establecer planes de transporte alternativo por carretera cuando el viaje en tren no es posible.

Para asegurar la eficiencia del servicio, Renfe busca que solo las grandes empresas -como Avanza, Alsa o Grupo Ruiz- se puedan presentar al concurso y ya ha establecido en sus pliegos requisitos económicos como que los interesados deban tener una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, haber firmado contratos de servicios similares en los últimos tres años que sumen más de 35 millones de euros anuales, contar con un mínimo de 500 autobuses en propiedad (o 300 si se presenta en consorcio) y tener capacidad operativa en Barcelona, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, por lo menos en una de las siguientes provincias: Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Estas empresas, además, serán españolas, ya que los requisitos van a hacer prácticamente imposible que una empresa extranjera como la alemana Flixbus pueda licitar, señalan desde Renfe.

Este foco en las grandes compañías del sector ha puesto en "pie de guerra" a las pequeñas y medianas empresas, que alegan quedar excluidas de la licitación cuando gran parte de los planes alternativos por carretera actuales los prestan ellos. De hecho, dos patronales de autobuses, Direbús y Anetra, han anunciado que van a recurrir el proyecto. Fuentes de Renfe insisten en que no está cerrando la puerta a que las pequeñas empresas puedan concurrir.

La operadora ferroviaria sostiene que las pequeñas empresas pueden integrarse en el proyecto presentándose en consorcio y defiende que los requisitos se ajustan a la realidad del mercado de autobuses española, donde cerca del 40% de los principales grupos empresariales cuenta con flotas de más de 300 vehículos. Estas compañías reúnen más del 40% del total de autobuses y concentran alrededor del 85% de la demanda de pasajeros. Ante la amenaza de las pymes, a Renfe le sorprende que ya lancen esta intención cuando no conocen aún el contenido de los pliegos. Este mismo viernes, directivos de Renfe se reunirán con la CNMC para validar que el proceso de creación de la empresa participada garantiza la competencia justa.

Asimismo, desde Renfe señalan que la empresa participada podrá subcontratar a pequeñas y medianas empresas que aportarán la capilaridad necesaria dentro del apartado de los servicios prestados por terceros, la tercera pata del modelo (las otras dos son los servicios prestados con recursos de la sociedad participada y servicios prestados por el licitador), que se activará cuando haya necesidades repentinas y urgentes. Las pymes representarán así en torno al 15% o 20% del volumen de los planes alternativos, ya que actualmente el 85% del gasto es planificado y el 15% restante corresponde a necesidades urgentes, como accidentes o averías, que suelen cubrir las pymes. Esto, teniendo en cuenta el valor total de la licitación (923,3 millones), implica que Renfe reservará un mínimo de 140 millones de euros a las pequeñas empresas.