El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dictado una resolución en la que determina la suspensión cautelar de la licitación de Renfe destinada a crear su nueva filial de autobuses, según han informado las patronales de transporte Fenadismer y Anetra, que presentaron recursos en los que alertaron sobre las, a su juicio, graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto.

El tribunal, según la asociaciones, ha fundamentado su decisión en la necesidad de evitar perjuicios que podrían ser de "difícil o imposible reparación" si el procedimiento de contratación continuara su curso antes de resolver el fondo de la reclamación.

Con esta medida, el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.

El conflicto con el sector del transporte de viajeros por carretera nace de la intención de Renfe de constituir una sociedad mixta (51% adjudicatario, 49% Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera cuando se producen interrupciones en las infraestructuras por obras u otras incidencias. Tanto Fenadismer como Anetra consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan "totalmente desproporcionados" y suponen un ataque directo a la libre competencia. Entre las condiciones exigidas por la operadora pública figuran contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.

Exclusión de pymes y autónomos

Estas organizaciones aseguran que en España, donde el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), estas exigencias dejan fuera al 99% del tejido empresarial del sector. Solo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato que, de facto, "veta la participación de las pymes y autónomos que hasta ahora venían prestando estos servicios con solvencia", añaden.

Desde Anetra y Fenadismer se cuestiona la estrategia de Renfe, calificándola de "incomprensible". Además, señalan que este modelo recuerda a la extinta operadora pública Enatcar, privatizada en los años 90. "No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas", señalan desde ambas organizaciones. "Exigimos una licitación transparente que garantice la participación real de todo el sector y no solo de un puñado de grandes corporaciones".

Alfonso Taborda, presidente de Direbús, patronal que representa a 700 empresas y que también recurrió la creación de la empresa de Renfe, también se ha felicitado por su paralización. "Como llevamos semanas diciendo, una licitación que deja fuera deliberadamente a las pequeñas y medianas empresas no tiene sentido viniendo de una empresa de capital estatal. Seguiremos trabajando para defender los intereses de las pymes del transporte discrecional por carretera", ha añadido.

Direbús ha propuesto una nueva licitación por parte de Renfe que contemple una licitación por lotes como se realiza en otros organismos de la administración central.

Las patronales que representan a las compañías de menor tamaño no son las únicas que han puesto en duda la creación de la empresa. En la asamblea que celebró a finales de marzo, Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, patronal a la que pertenecen grandes compañías como Alsa, Avanza o el Grupo Ruiz, afirmó que “siendo el primer fin de la confederación la defensa de la empresa privada, Confebus es contraria [a la creación de la empresa] y solicita que se desista de esta iniciativa, instando a que se opte por otras opciones como la creación de un acuerdo marco o de una licitación como se hace con el Imserso o el ejército”. A su juicio, “las empresas privadas de transporte en autobús han demostrado sobradamente su eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios de movilidad de las personas”.

A pesar de ello, Alsa y Avanza se habría presentado a la puja para ser socios de Renfe que se cerró el pasado miércoles. El monto del contrato ofrecido por Renfe asciende a casi 1.000 millones de euros (923) en sus 15 años de duración.